El juez Florit ha concluido la investigación de lo que puede ser el principal juicio del llamado caso Cursach y lo ha hecho días después de que la Audiencia hubiera aceptado la recusación del anterior instructor. El magistrado ha comunicado esta mañana un auto, que es el paso previo a la celebración del primer gran juicio al que tendrá que enfrentarse el poderoso empresario de la noche. El juez imputa un total de siete delitos derivados de la corrupción a Cursach, a Pilar Carbonell, la exdirectora general de Turismo, y a otras 22 personas más, entre las que figuran empleados, policías locales, funcionarios y políticos. Los delitos a los que tendrán que enfrentarse los acusados son los de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos, salud pública y coacciones. Acusaciones que conllevan penas que superan los 20 años de prisión.

El nuevo juez instructor del caso Cursach pretende que junto a Cursach y Carbonell, también se sienten en el banquillo imputados como Tolo Sbert, el ejecutivo de la empresa; Antonio Bergas, Joan Mut, exjefe de la Policía Local de Palma; Gabriel Torres, de la Patrulla Verde, o Jaime Lladó, director de la discoteca Tito's, entre otros. Los delitos que les acusará la fiscalía van en relación a su participación en la trama que se describe en el auto judicial.

El magistrado afirma que durante años el Grupo Cursach ha venido disfrutando de un trato de favor con respecto a otros empresarios del sector, gracias a las prebendas que ha entregado, tanto a funcionarios, policías locales, como a altos cargos políticos. Así, en la resolución judicial se asegura que la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell, que abandonó su cargo a raíz de su imputación, aceleró un trámite administrativo a favor de Cursach para beneficiar a una de sus empresas, según se desprende de una conversación que mantuvo con Tolo Sbert.

También asegura el juez que el empresario utilizaba a determinados policías locales, la mayoría de la patrulla verde, para beneficar a sus empresas, al tiempo que perjudicaban a sus competidores realizando numerosas redadas o inspecciones injustificadas.

El juez también describe el trato de favor que ha venido disfrutando durante años el poderoso empresario en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. Una afirmación que se basa, sobre todo, en la declaración de un funcionaria que fue sobornada, recibiendo dinero y botellas de cava, en la que detallaba el temor que sufrían los trabajadores públicos de este departamento para tomar decisiones sobre los negocios de Cursach, pese a que en la mayoría de sus locales se han practicado obras sin autorización y de difícil legalización.

En el auto se asegura que otro tipo de prebendas que han recibido los funcionarios, sobre todo determinados policías locales, eran pases gratuitos para asistir al gimnasio Megasport. También describe el juez que el empresario organizaba fiestas en la discoteca Tito's con droga, alcohol y prostitutas, en las que se invitaba a grupos de policías locales de Palma y, a cambio, estos funcionarios avisaban con antelación cada vez que estaba prevista una inspección en los locales del Grupo Cursach. Por estas fiestas en la discoteca del Paseo Marítimo también está previsto que se tramite otra pieza separada, dado que no todos los policías que han sido identificados por los testigos por asistir a estas orgías, han sido incluidos en este primer caso.