Entre motor de la trama de desvío de fondos públicos, como sostiene la fiscal María Ángeles Garrido, o víctima de una sociedad que ya lo ha condenado sin pruebas, como alega el benemérito Mario Pascual, me quedo con lo primero.Odia el delito y compadece a los delincuentes, dice el aforismo. A nivel humano duele que padres de familia como Iñaki Urdangarin o Diego Torres tengan que entrar en prisión por unos "negocios" que empezaron hace 15 años y que en su día pasaron desapercibidos. Pero, como dice el profesor Enrique Gimbernat, el exduque de Palma ya ha sido condenado por la sociedad española, porque ya recae sobre él una grave sentencia de un tribunal. No hay más vuelta de hoja.
La vista oral de ayer en el Tribunal Supremo fue una repetición de argumentos ya expuestos ante la Audiencia de Palma, salvando la parte de los acusados que fueron absueltos en febrero del año pasado. Exculpada la Infanta, el principal acusado ha vuelto a ser su esposo, del que nadie duda que se enriqueció con fondos públicos prevaliéndose de su pertenencia a la Familia Real.
Doña Cristina actuó de gancho para captar a dirigentes políticos ansiosos de quedar bien con la Monarquía. Su esposo se limitó a hacer caja y a vender las sinergias entre el turismo y el deporte. Inventó la pólvora y se forró.
La opinión mayoritaria ya da por descontado que el cuñado del Rey entrará en prisión, pero el Tribunal Supremo, máximo intérprete de la Ley, puede darnos la sorpresa y mantener únicamente los flagrantes delitos fiscales.
De todos formas, siempre debe haber proporción entre la gravedad de los hechos y el número de años de condena.
