La unión del PSOE nacional el pasado martes en el Congreso de los Diputados al PP y Ciudadanos para tumbar la propuesta de Unidos Podemos, ERC, PNV y Grupo Mixto de modificar la Ley de Amnistía de 1977, con el fin de que se pudieran juzgar crímenes franquistas, ha sentado como un jarro de agua fría en las filas socialistas de Balears. Precisamente el pasado viernes el Govern que preside la líder del PSIB, Francina Armengol, denunció ante el fiscal superior, Bartomeu Barceló, los 52 asesinatos de mallorquines cuyos cuerpos se encontraron en las fosas comunes de Porreres y Sant Joan. El fiscal superior anunció el lunes su decisión de dar carpetazo inmediato a la denuncia, al entender que la Justicia española ya se ha pronunciado y que no hay camino para investigar penalmente estos hechos.

La conclusión de Barcelo se basa en la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que, si bien absolvía de prevaricación al exjuez Baltasar Garzón por investigar algunos de estos crímenes, también dictaminaba la imposibilidad en España de realizar los llamados "juicios de la verdad". Además, el Supremo decretaba la vigencia de la Ley de Amnistía.

La Ley de Fosas balear, aprobada en mayo de 2016 por el Parlament, obliga al Govern a llevar ante los tribunales los asesinatos de la guerra Civil y la dictadura franquista en el momento en el que se recuperen los cuerpos. Esta Ley forma parte de los acuerdos por el cambio suscritos por PSIB, Podemos y Més dentro del paquete de recuperación de la memoria histórica, que se completará el martes en el Parlament con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

Los socialistas de Balears han sido especialmente activos en el impulso a estas normativas y recibieron el martes con estupor la postura del PSOE nacional en el Congreso. Si bien oficialmente defienden que los argumentos esgrimidos para rechazar el cambio de la Ley de Amnistía son razonables, admiten este malestar. "Hubo que explicarlo", resumían ayer en referencia a la petición de explicaciones al PSOE nacional.

Los argumentos de los socialistas en el Congreso son que este cambio provocaría situaciones de "inseguridad jurídica" y la vía adecuada para investigar y perseguir los crímenes del franquismo sería la de la ampliación de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE nacional presentó en el Congreso una propuesta para reformar esta Ley, pero ha sido vetada por el Gobierno central.

El portavoz parlamentario del PSIB, Andreu Alcover, defendió ayer que la vía más adecuada es la de la modificación de la Ley de la Memoria Histórica y sostuvo que "nadie puede dudar del compromiso del PSOE" en lo que se refiere a la memoria histórica y la reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Podemos y Més, socios de legislatura del PSIB, se mostraron mucho menos comprensivos con la postura del PSOE nacional, al que emplazaron a tomar ejemplo de los socialistas de Balears y de las actuaciones impulsadas por el Govern de Francina Armengol. El portavoz de Podemos en el Parlament, Alberto Jarabo, lamentó que el PSOE nacional no "se haya mirado en el PSIB". En el mismo sentido se expresó el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, David Abril, quien afirmó que la negativa a reformar la Ley de Amnistía es "un error por parte de todos los partidos que votaron en contra y sobre todo del PSOE, ya que se contradice con la decisión que tomaron en Balears los socialistas en el Govern de llevar los crímenes de Porreres ante la Justicia". Por ello, emplazó al PSOE nacional a "mirarse en el espejo del PSIB, que gobierna hacia la izquierda pensando en la bien común de la sociedad".

Abril resaltó el elevado "consenso" con el que se aprobará el martes la Ley de Memoria Democrática de Balears, en la que la discrepancia mayor es el rechazo del PP al régimen sancionador, y consideró que este consenso "debería trasladarse al Congreso".