Las defensas de los investigados en el caso Peaje, en el que se investiga el presunto desvío de 42 millones de euros del Consell de Mallorca, manifestaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma su oposición a la apertura de juicio oral.
Según explicaron fuentes judiciales, la intención es llevar la causa al ámbito civil porque consideran que no hay relación entre el perjuicio presuntamente producido en el Consell de Mallorca y la UTE que llevó a cabo las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.
El caso, que se abrió a principios de 2009, investiga este desvío llevado de 42 millones, presuntamente, durante las ejecución del desdoblamiento, en la etapa en que Maria Antònia Munar estaba a cargo de la institución (2003-2007). Entre los imputados se encuentran el ex conseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el ex director de este ramo Gonzalo Aguiar, el ex director de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto. Ayer se celebró una vista ante la jueza instructora del caso Ana María San José, previa a la posible celebración del juicio, en la que intervinieron dos peritos de la defensa.
