Ni para el más genial de los abogado debe ser sencillo intentar convencer ahora a los experimentados jueces del Tribunal Supremo de que los negocios que encabezó Iñaki Urdangarin fueron un ejemplo de honradez y de eficacia. Y más difícil resulta la misión cuando el tribunal solo permite 20 minutos de tiempo para argumentar una defensa que en más de cinco años no ha convencido ni a uno de los jueces que se han pronunciado sobre el caso Nóos. A pesar de la lógica expectación que producen este tipo de vistas en el Tribunal Supremo, al final todo se reduce a lo que queda por escrito. Los jueces se van a guiar más por los recursos escritos que por los discursos de los abogados. Pero analizando los argumentos que ayer defendían los letrados, todo indica que Iñaki Urdangarin terminará siendo condenado por el Tribunal Supremo y, por tanto, ahora mismo está más cerca de la cárcel, que de su exilio en Suiza. Se desconoce cuánto tardarán los jueces en tomar una decisión, pero tampoco parece que vayan a retrasarla mucho.

El presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, ya advirtió de entrada que no se trataba de repetir el juicio, sino de exponer los argumentos del recurso. Es decir, pretendía evitar que esta vista se prolongara más allá de lo estrictamente necesario.

Mientras que el informe de la fiscal Garrido estuvo repleto de argumentos más técnicos que de fondo, el de la abogada del Estado, Dolores Ripoll, fue todo lo contrario. La letrada, que únicamente persigue el delito fiscal que habrían cometido los socios de Nóos, cargó contra el tribunal que dictó la sentencia por aceptar como gastos deducibles unas facturas con una empresa que colaboró con Urdangarin y Torres en Valencia. Ripoll, tanto en la primera intervención, como en la siguiente contestación a la defensa, recurrió a frases de dos conocidos intelectuales para justificar que Urdangarin y Torres cumplan una pena más elevada por no haber pagado los impuestos que debían pagar. "La ley debe ser como la muerte, a todos nos toca cumplirla", dijo la abogada del Estado, citando a Montesquieu.

El sindicato Manos Limpias, con su líder presente en la sala, pretende evitar el pago de las costas que le impuso el tribunal de Palma. Y por ello el abogado que sustituye a la letrada Virginia López Negrete defendió la acusación popular que ejerció el sindicato. Incluso presumió de que, gracias a esta acusación, Hacienda ha logrado que la Infanta pague más de medio millón de euros de responsabilidad civil.

Este discurso de Manos Limpias era la oportunidad perfecta para que el abogado de Cristina de Borbón volviera a atacar al sindicato que logró que, por primera vez en la historia, una Infanta se sentara en el banquillo de los acusados, aunque finalmente resultara absuelta. El abogado Pau Molins cree que es el momento de que el Tribunal Supremo coloque en su sitio a la figura de la acusación popular. El abogado catalán, que no cuestiona el aumento de la responsabilidad civil que le reclama la abogacía del Estado, denunció que con esta acusación solo se pretendía "lesionar la dignidad y provocarle un daño mediático a la Infanta". Molins también reprochó el intento de Manos Limpias de que la Infanta cumpliera ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de un delito fiscal, una petición que nunca se había producido en los tribunales. Los abogados coinciden en que el tribunal ya ha tomado una decisión. Solo queda por saber cúando la harán pública.

MATÍAS VALLÉS

Condenados a Urdangarin