21 de marzo de 2018
21.03.2018
Caso Nóos

La Fiscalía pide más pena para Urdangarin por ser el "motor" del caso Nóos

La comunidad autónoma reclama que los directivos de Nóos devuelvan todo el dinero que recibieron de Baleares - El abogado de Urdangarin, Mario Pascual, pide su absolución y niega que haya cometido los delitos por los que fue condenado - La abogacía del Estado ha pedido que aumente la pena contra Iñaki Urdangarin y Diego Torres porque la Audiencia de Palma realizó un cálculo erróneo

21.03.2018 | 17:46
La Fiscalía pide más pena para Urdangarin por ser el "motor" del caso Nóos
La Fiscalía pide más pena para Urdangarin por ser el "motor" del caso Nóos
Iñaki Urdangarin deposita su futuro en un informe de poco más de 20 minutos expuesto esta mañana por su abogado, Mario Pascual, para convencer al Tribunal Supremo de que es inocente en todos los delitos por los que la Audiencia de Palma le impuso una condena de seis años de prisión. El abogado solo se refirió a seis de los quince motivos de recurso por el que pretende que se declare nula la sentencia del caso Nóos.

En primer lugar, atacó el argumento de la abogacía del Estado, que pretende que se incremente la cuota tributaria impagada y, por tanto, que se aumente también la pena de prisión impuesta a Urdangarin por los dos delitos fiscales por los que fue condenado. Pascual se refirió a la línea argumental que señala que tanto el contribuyente, como el empresario que le paga, son responsables de la responsabilidad tributaria. Citó esta situación para indicar que fue Hacienda la que estableció que su cliente no podía cobrar a través de Aizoon sus servicios en las seis empresas privadas que le contrataron como asesor, ya que estos ingresos se debían tributar a través del impuesto de IRPF. El abogado afirmó que si una sola de estas empresas se hubiera opuesto a esta fórmula de pago, la cuota impagada no alcanzaría el umbral del delito, por lo que no se puede atribuir a su cliente la única responsabilidad de que no se hubieran tributado correctamente estos ingresos. También recordó a los cinco integrantes del tribunal que Hacienda ha planteado diferentes cifras, por lo que no le sorprendía que esta mañana hubiera propuesto otras cifras tributarias.

El abogado también ha cuestionado que a Urdangarin se le pueda condenar por los contratos que firmó con la empresa Illesport, ya que la defensa entiende que no se trata de una sociedad pública, como establecía la sentencia, sino privada y, por tanto, era legal que se acudiera a la fórmula de patrocinio para poder justificar el dinero entregado al instittuto Nóos para financiar las dos ediciones de los foros turísticos. La defensa insistió otra vez, como ya había realizado en el juicio celebrado en Palma, que los directivos de Nóos no tenían ninguna obligación de justificar el destino del dinero que recibieron, porque no se estableció en el contrato, y quiso que quedara clara la diferencia entre patrocinio y financiación. Sobre esta cuestión, la defensa atacó también la propuesta de la letrada de la comunidad autónoma, que pretende que se declare que los foros de Balears no tuvieron ningún interés público y, por tanto, Urdangarin y Torres deberían devolver los 2,2 millones de euros públicos que recibieron de la comunidad autónoma. El abogado señaló que el Govern pretende ahora enriquecerse y conseguir que los foros le "salgan gratis", por lo que se opone a que se declare que los foros no fueron útiles o no tuvieron una repercusión.

El abogado pidió la absolución de Iñaki Urdangarin, a pesar de que la sociedad y varios medios de comunicación ya le han condenado.

Abogada del estado y de la comunidad

La abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que redacte una nueva sentencia en la que aumente la pena contra Iñaki Urdangarin y Diego Torres porque la Audiencia de Palma realizó un cálculo erróneo sobre el delito fiscal por el que fueron condenados. La letrada Dolores Ripoll denunció que el tribunal acepto que se descontara unas facturas de la empresa Lobby Comunicación, que entendía que no se podía descontar, por cuanto no formaban parte de la actividad del instituto Nóos, ni tampoco de la empresa Aizoon, propiedad de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. En concreto, el Estado, que representa al Ministerio de Hacienda, aumenta la cuota impagada en 71.000 euros con respecto a los calculos que realizó el tribunal de la Audiencia de Palma, que sí aceptó que se descontaran las facturas de la empresa Looby. En el caso de que el Tribunal Supremo aceptara este argumento de la abogacía del Estado, esta situación afectaría a la Infanta, que vería como la cuota que de impuestos impagados que el reclama Hacienda aumentaría, por su condición de socia de la empresa Aizoon, que comparte con su marido.

La abogada de la comunidad autónoma, María Ángeles Berrocal, ha pedido también al Tribunal Supremo que modifique el criterio que dictó la sentencia de la Audiencia, en el sentido de que declare que los dos foros que el instituto Nóos organizó en Mallorca, tras el acuerdo que alcanzaron Jaume Matas e Iñaki Urdangarin, no tenían ningún interés público y, por tanto, el marido de la Infanta y su socio, Diego Torres, deben devolver el dinero público que recibieron de Balears. Sobre estos foros, la Audiencia de Palma entendió que sí tuvieron interés y, por ello, descartó que los dos socios de Nóos tuvieran que asumir el coste de la devolución del dinero, 2,2 millones de euros, a la comunidad autónoma. La letrada ha cuestionado la decisión que tomó Jaume Matas al contratar a Iñaki Urdangarin "por ser quien era" y ha criticado que la comunidad autónoma en ningún momento se planteara la posibilidad de exigirle a los gestores de Nóos que justificaran el destino del dinero público que habían dedicado a la organización de los foros turísticos. Recordó que Diego Torres, cuando fue citado por el juez Castro, entregó un montón de facturas, algunas de ellas de los foros celebrados en Valencia, con la intención de que sirvieran para justificar el destino del dinero público. Sin embargo, según la abogacía, como mínimo no han justificado más de 300.000 euros.

La abogacía, además de la devolución del dinero, también propone al Tribunal Supremo que aumente las penas para los directivos de Nóos y para el expresident Jaume Matas, todos ellos declarados culpables en la sentencia del caso Nóos. Antes de la abogacía de la comunidad autónima, la fiscalía del Tribunal Supremo, en un informe muy técnico, también ha pedido que se rectifique la sentencia de la Audiencia y se aumenten las penas para los acusados, en especial para Urdangarin y Torres. En el caso del cuñado del Rey, la fiscalía pide que la pena de prisión se aumente hasta los diez años, frente a los seis años que impuso la sentencia de la Audiencia.

Manos Limpias defiende su actuación

Manos Limpias, el sindicato de funcionarios que, gracias a su actuación procesal como acusación popular, consiguió sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos, ha pedido al Tribunal Supremo que anule la condena en costas que impuso el tribunal de la Audiencia de Palma. El letrado que intervino, que sustituye a la abogada Virginia López Negrete, ha defendido toda la actuación procesal de la acusación popular y recordó que la Infanta, si bien fue condenada penalmente, no así civilmente, ya que la Audiencia la condenó a devolver más de medio millón de euros por la responsabilidad económica derivada de los ingresos irregularidades que percibió la empresa Aizoon. El letrado consideró que, gracias a su actuación como acusación popular, se ha conseguido que Hacienda haya podido recuperar este dinero, situación que no se habría producido si Manos Limpias no interviene en este proceso.

El letrado recordó la dificultad que ha supuesto defender este recurso, recordando que el líder del sindicato, durante el juicio, fue enviado a prisión, acusado de extorsionar a los abogados de la Infanta exigiéndoles tres millones de euros a cambio de retirar la acusación. Precisamente, el líder del desaparecido sindicato, Miguel Bernat, está presente como publico en esta vista pública.

Vista de apelación

A las diez y media de la mañana ha empezado en la Sala del Tribunal Supremo la vista de apelación contra la sentencia del llamado caso Nóos, una vista en la que marcará el futuro de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas, entre otros, y que representa la última oportunidad para evitar el ingreso en prisión. Ninguno de los acusados ha estado presente en la vista, presidida por el juez Carmona, y han estado representados por sus abogados. Han acudido a la vista los letrados que ya representaron a los acusados en el juicio que se celebró en Palma, salvo Jaume Matas, que está defendido por otro letrado.

El tribunal ha limitado la intervención de los letrados en un tiempo máximo de 20 minutos. Para los abogados que no impugnan la sentencia y asumen las penas que impuso la Audiencia de Palma, solo dispondrán de un tiempo de cinco minutos para intervenir.

Todas las acusaciones han recurrido la sentencia y se solicita una pena mayor para todos los acusados.Por ejemplo la fiscalía solicita diez años de cárcel para Urdangarin, que fue condenado a seis años y medio. Lo mismo ocurre para Diego Torres y Jaume Matas, para los que se reclama una pena más elevada.

También ha estado presente el abogado Pau Molins, abogado de la Infanta, dado que se discute la responsabilidad civil de la empresa Nóos, lo que podría influir en la hermana del Rey, que poseia en un 50% con su marido la empresa Aizoon, a través de la cual se canalizaron ingresos procedentes de Nóos. El presidente del tribunal ha advertido que la Sala conoce el contenido de los escritos de casación y no se trata de repetir los argumentos que defendieron en el juicio. El primero en defender su recurso está siendo la fiscalía.



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