La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Balears dispondrá de un plazo máximo de un mes desde la recepción de una denuncia para analizar la verosimilitud de los hechos y proponer, o el inicio de una investigación, o bien el archivo de la denuncia.
Así consta en el proyecto de reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Oficina, que ha sido registrado en el Parlament este lunes por su director, Jaume Far, para que pueda ser aprobado por la comisión parlamentaria correspondiente.
La Oficina podrá recibir tanto denuncias en las que conste la identificación del denunciante como denuncias anónimas. El organismo mantendrá la confidencialidad de la persona denunciante, excepto si se lo requiere la autoridad judicial.
