El Ejecutivo balear aprobó ayer el anteproyecto de Ley de apoyo a las familias cuyo objetivo principal es "blindar" las prestaciones y servicios a las "más vulnerables", según explicó la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, tras el Consell de Govern. Así, las ayudas, beneficios fiscales y servicios destinados a estas familias tendrán "rango de ley" y la administración autonómica estará obligada a incluirlos cada año en sus presupuestos, en lugar de depender de "la voluntad" de hacerlo.

En el anteproyecto de Ley se considera a las familias monoparentales "de especial protección social", de tal modo que las que tengan más de un hijo, o sólo un hijo con discapacidad, se equipararán por decreto a las familias numerosas en lo que se refiere al régimen de ayudas y beneficios fiscales. Además, por primera vez se prevé la creación de una ayuda económica para los menores víctimas de la violencia machista que hayan quedado huérfanos de madre o cuya madre tenga una discapacidad igual o superior al 33 por ciento a causa de esta violencia.

Según precisó Santiago, el número de familias de Balears que el anteproyecto de Ley define "como prioritarias" para su especial protección asciende a 66.100. En concreto, la nueva legislación beneficiará especialmente a 22.000 familias numerosas, 9.800 monoparentales asimiladas a las numerosas, 15.000 familias con personas con discapacidad de más del 40 por ciento, 10.000 con discapacidad de grado dos o tres, 6.800 que reciben la renta social, la mínima de inserción o un subsidio de paro y 2.500 que se encuentran en riesgo social.

La consellera resaltó que el anteproyecto de Ley, que ahora se llevará al Parlament para su tramitación y aprobación definitiva, tiene un "carácter administrativo", a diferencia de la propuesta del PP que se debatirá el próximo martes en el pleno de la Cámara balear y que, según consideró la consellera, entra en un "debate ideológico" con un "carácter muy conservador". Así, por ejemplo, resaltó la diferencia en el título, ya que mientras que la propuesta del PP es para una Ley de Familia (en singular) vinculando el concepto de familia "a la maternidad", la del Govern es "de apoyo a las familias" en plural.

Ayudas

"El concepto subjetivo de lo que es una familia es muy extenso", declaró Santiago, quien afirmó que es algo que define por cuestiones de "solidaridad entre sus miembros, convivencia y relación de afectividad". Así, el anteproyecto establece entre sus objetivos el reconocimiento a "la pluralidad y diversidad de las formas familiares existentes".

También se contempla como objetivo el "promover la natalidad dando apoyo y protección a las mujeres gestantes" y a las familias con hijos. Además, dedica un artículo al "reconocimiento de la maternidad libre y decidida" al que tienen "derecho" las embarazadas y la obligación de las administraciones de facilitarles una "información personalizada, suficiente, comprensible y accesible" sobre las ayudas y apoyos a los que pueden optar. Asimismo, será obligatorio "garantizar el derecho de las mujeres a participar en los programas de fertilidad asistida".

En lo que se refiere a las ayudas de carácter fiscal, el Govern estará obligado a incluir cada año en la ley de presupuestos los beneficios fiscales en los impuestos del IRPF, sobre transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones. Estos beneficios tendrán como objetivos prioritarios el acceso a la vivienda, la protección y fomento de la natalidad y la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros. Además, deberá promover la inclusión de exenciones y bonificaciones en las tasas y precios públicos que gravan servicios o actividades de carácter cultural, educativo, social y sanitario para las familias de atención prioritaria. Asimismo, el Govern deberá convocar anualmente ayudas económicas para la adaptación de la vivienda de familias con discapacitados y para familias con hijos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple.

No obstante, las familias con personas con un grado de discapacidad reconocido entre el 49% y el 40% no podrán acceder a las ayudas previstas hasta los dos años de entrada en vigor de la Ley, una de las cuestiones que ayer criticó IBFamilia, así como que se equipare las familias monoparentales a las numerosas ya que "tienen necesidades distintas".