Balears se ha convertido en la "gran fábrica de divisas de la economía española", pero al mismo tiempo es una de las comunidades que sufre "déficit fiscal" con el actual sistema de financiación -es de las que más aporta y menos recibe-, lo que se traduce en un "déficit social": menos euros destinados al Estado del Bienestar. Así lo puso de relieve ayer el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Guillem López Casasnovas, durante su conferencia Razones para preocuparse por la financiación autonómica y ocuparse de mejorarla, celebrada durante la presentación de los nuevos Cuadernos de Economía de Balears, un acto que contó con la presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, la vicepresidenta y titular de Turismo, Bel Busquets, y los consellers de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, Trabajo Comercio e Industria, Iago Negueruela, y Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, entre otras autoridades.
López Casanovas lanzó un aviso a navegantes sobre algunas propuestas de la comisión de expertos para mejorar la autonomía fiscal de las comunidades, como la introducción de un IVA colegiado. Según explicó, a falta de un proyecto de financiación autonómica para las regiones, éstas deberán ponerse de acuerdo para incrementar el IVA, que se recaerá en la población de la comunidad. En este punto, el experto alertó de que este sistema "arruinará el consumo interno, mientras que lo recaudado se distribuirá entre todas las comunidades".
"Gran solidaridad isleña"
El catedrático hizo hincapié en la "gran solidaridad isleña", que no solo "paga más y recibe menos", sino que también pone al servicio de la economía española todo su sector productivo, además de "su medio ambiente o su oferta natural", subrayó López Casasnovas.
Incidió en que esta solidaridad no viene solo "por los flujos fiscales que se sufren por la vía de los ingresos, sino también llevando los recursos naturales al límite", con la oferta turística, que se encuentra "en el margen de lo que es sostenible".
El economista remarcó el elevado precio que las islas pagan por este modelo, lo que "ha descosido pautas de convivencia" y se ha traducido en un sinfín de dificultades para la población del archipiélago tales como los problemas de acceso a la vivienda -dado que sus precios se han inflado por la demanda externa-, una elevada estacionalidad o incluso que apenas puedan acceder a sus propios bienes naturales. "Un menorquín apenas puede ir a la playa en verano. Los autóctonos están a la cola de los visitantes", lamentó.
El representante de Balears en el comité de expertos para la reforma del sistema de financiación recordó cómo el archipiélago ha generado un superávit comercial para España, generando "empresas, ocupación y divisas", por lo que constató que a cambio sería justo que "el Estado fuera generoso y ayudara" a reparar este "descosido social" que esto provoca, y no solo a nivel económico, "sino con el reconocimiento de lo que hemos representado las islas para la economía" nacional.
El catedrático, quien subrayó "la dificultad que tienen las islas -con el 1,1% del PIB- en defender sus posiciones ante el resto de comunidades", hizo un repaso a varios indicadores que se ven afectados por este déficit fiscal, tales como la educación, la sanidad o la renta per cápita en unos momentos en que la protección social se hace "más necesaria que nunca".
Soberanía fiscal
Asimismo, el economista abogó por "la soberanía fiscal" y defendió el "principio de ordinalidad" -que las autonomías con más capacidad tributaria no puedan recibir menos recursos que las comunidades con una capacidad inferior.
Por su parte, Armengol criticó que Balears que sea la comunidad "que más aporta y menos recibe" y que los ciudadanos de las islas "no tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos del Estado". La presidenta señaló que a falta de la "voluntad política de las comunidades y el Gobierno de España para negociar el nuevo modelo", queda seguir negociando el nuevo Régimen Especial para Balears (REB), de ámbito bilateral entre las islas y el Gobierno, para compensar la insularidad. Al respecto, Cladera lamentó el retraso que lleva la negociación del nuevo sistema -desde 2014- y constató que las propuestas se hallan "en punto muerto".
