La pareja que estuvo más de un año acampada frente a la sede del Instituto Mallorquí d'Afers Socials (IMAS, para protestar contra los funcionarios que tomaron la decisión de retirarles la custodia de sus hijos, tendrán que ingresar en prisión. La Audiencia de Palma ha confirmado en todos sus extremos la sentencia inicial dictada por el juzgado de lo Penal, que declaró a los acusados culpables de los delitos de amenazas, coacciones e injurias. Así, ambos han sido condenados a tres años de prisión por el delito más grave, que es el de amenazas, mientras que también tendrán que abonar una elevada multa económica por los otros delitos que cometieron.
Según declaró probado la sentencia, en el mes de septiembre de 2014 el matrimonio inició una acampada frente a la sede principal de este servicio social, ubicado en la calle General Riera de Palma. El motivo de esta acción no era otro que el de protestar por la decisión de retirarles la custodia de sus hijos. Los acusados instalaron una tienda de campaña, con sillas y meses. Allí pasaban la mayor parte del día, incluido la noche. Mantuvieron la protesta durante un año y cuatro meses. Colocaron varias pancartas y letreros con mensajes reivindicativos. Además, cada vez que veían a los funcionarios que tramitaban los expedientes de los menores, el matrimonio les increpaba, llamándoles, entre otras muchas cosas, "corruptos y maltratadores", al tiempo que les decían que sabían dónde vivían y conocían las matrículas de sus coches. También les dirigían a los trabajadores públicos gestos amenazantes de degollarlos, es decir, se pasaban el dedo pulgar por el cuello, al tiempo que, con la otra mano, apuntaban como si fuera una pistola.
Los acusados fueron cambiando el repertorio de las frases que escribían en las pancartas que exponían junto a la puerta. Entre otras muchas lindezas, los padres llamaban corruptos y les acusaban de robar niños.
El día 20 de noviembre de 2015 se autorizó una manifestación frente a la puerta del edificio público. Además de los dos acusados, se sumaron otras personas. Colocaron una gran pancarta que, entre otras cosas, acusaba a los técnicos del IMAS de "inhumanos, maltratadores, abusadores y secuestradores". Ese día también estuvieron increpando al personal público. Les gritaban cuando entraban a trabajar, llamándoles, entre otros insultos, "cabrones, terroristas, ahí va otra adoptiva que va a comprar un niño".
Esta continua campaña de protesta de esta pareja provocó una grave "situación ambiental" en el edificio público, según se refería la sentencia, además de ocasionar a los técnicos una situación complicada, dado que estos insultos los recibían en sus puestos de trabajo. Muchos de ellos denunciaron que llegaron a sentir miedo, hasta el extremo de que tantos meses seguidos aguantando esta campaña les obligó a cambiar la organización del trabajo.
En el mes de diciembre de 2015 el juez Castro acordó una medida de alejamiento de los acusados, prohibiéndoles acercarse al edificio de General Riera.
Estos padres no solo fueron condenados por el primer juez, sino que también lo ha hecho ahora el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma. La Sala coincide en la gravedad de la campaña que tuvieron que sufrir los trabajadores. Se rechaza el argumento de los acusados de que no se llegó a cumplir ninguna de las amenazas. El tribunal, sin embargo, recuerda que el delito de amenazas no es de resultados, sino de mera actividad y de peligro. Incide la sentencia en que los gestos y las expresiones que gritaban los padres provocaban una situación idónea para conseguir la finalidad de atemorizar al grupo de profesionales de este servicio público.
Sobre las coacciones, el tribunal también entiende que se cometió dicho delito, dado que los acusados ejercieron una fuerza moral dirigida a torcer la voluntad de los funcionarios, alterando gravemente su trabajo. Más de una vez se tuvieron que suspender visitas y los trabajadores tuvieron que buscar otras alternativas para no entrar por la puerta en la que se encontraban acampados los dos acusados.
