Tardamos en aceptar que es así pero al final nos hemos caído del burro: el tabaco, mata. Vaya si mata. Otra cosa es que cada uno tenga derecho a suicidarse como le venga en gana pero al menos hay que garantizarle que sabe a ciencia cierta que se está matando.
Ése fue el propósito de las autoridades al obligar a las tabacaleras a que incluyesen en las cajetillas de cigarrillos mensajes espeluznantes sobre el destino que espera —desde el mal aliento al cáncer de pulmón— a los fumadores. Es harto dudoso que tales advertencias sirvan de algo porque resulta ingenuo también creer que ni uno solo de los adictos al tabaco ignora a estas alturas por qué razón le cuesta respirar, o por qué tose tanto por la mañana. Pero la libertad personal prevalece sobre la salud pública. Y no debería ser así al menos por dos razones. La primera, que atender en los hospitales las dolencias derivadas del consumo de tabaco sale muy caro; se están consumiendo de esa forma recursos que podrían destinarse a curar otros enfermos. Eso mismo podría decirse, por ejemplo, de la obesidad o de la adicción al alcohol pero en el caso del tabaco hay un añadido que debería preocuparnos sobremanera. En los Estados Unidos se ha llegado a la convicción de que los fumadores pasivos —aquellos que, sin consumir tabaco, respiran el humo ajeno— sufren las mismas consecuencias que padecen los adictos en medida mucho mayor de lo que se creía. En consecuencia, se ha puesto en marcha un programa de anuncios para poner de manifiesto que es así.
Con el problema de los fumadores pasivos que sufren las consecuencias del vicio del tabaco, el argumento de la libertad personal queda desmontado. De ahí que las medidas adoptadas por la Dirección General de Salud Pública a la que se hace referencia en estas páginas estén por completo justificadas. No se trata en absoluto de perseguir el negocio de los restauradores, que bastante cruz tienen ya a cuestas, sino de garantizar la protección de sus clientes que no fuman. De hecho, la medida de impedir el tabaco en las terrazas que cuentan con paredes adyacentes sería considerada tímida e ineficaz en la universidad de California, donde me encuentro. En todo el campus de Irvine, por ejemplo, no está permitido fumar ni siquiera al aire libre, y esa prohibición afecta incluso a las áreas de bosque, pradera o desierto en las que no vive nadie.
Bienvenidas sean las medidas de protección de la salud pública, ya digo. Pero si consideramos la administración en su conjunto, y no sólo la parte de ella que depende del gobierno de esta comunidad autónoma, no deja de mantenerse una hipocresía harto lamentable. Está de sobras comprobado que el factor más sensible respecto del consumo de tabaco es el del precio de las cajetillas. Cuanto más cuestan, menos se fuma. Parecería, pues, que imponer impuestos elevadísimos sería una medida de lo más recomendable. Sin embargo, cabe entender que de esa suerte el Estado pasa a ser parte interesada porque, a mayor venta, más recaudación. Con el alcohol sucede lo mismo, así que va siendo hora ya de que se dejen de lado las razones crematísticas y se incida de manera decidida en la educación y la prevención como medidas mejores para evitar no ya la muerte sino el desplome en la calidad de vida de quienes fuman. Y de los que, sin hacerlo, tienen cerca a alguien con un cigarrillo en la mano.
