Tres mil matrimonios se rompieron el año pasado en las islas y pidieron ayuda a los juzgados para poner orden en la nueva situación. Estas crisis de parejas supusieron un ligero descenso en relación a las registradas en 2016.
Las 3.001 demandas de disolución matrimonial -es decir, demandas de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas presentadas en los juzgados de Balears durante el año pasado supusieron una disminución del 2,4 % respecto a las registradas en 2016, según los datos publicados ayer por la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio presentadas en Balears, un total de 2.889, frente a las 2.945 del año 2016, como al de demandas de separación,112, unas 20 menos respecto de las 132 del 2016.
Del total de demandas de divorcio presentadas en el archipiélago en 2017, 1.879 fueron consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 2,9 %; y 1.010 contenciosas, la misma cifra exacta que se registró el año 2016.
En cuanto a las demandas de separación, 85 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo, un 18,3 % menos que en 2016, y 27 no consensuadas, lo que representa una disminución interanual del 3,6 %.
Además, en 2017 se registraron 2 demandas de nulidad matrimonial en Balears, una más que el año anterior. Las nulidades obedecen por regla general a un vicio oculto en el consentimiento o en la condición de los cónyuges que desvirtua totalmente el matrimonio.
Modificación de medidas
Durante el ejercicio pasado se presentaron 422 demandas de modificación de medidas matrimoniales (uso del hogar familiar, pensiones, guarda y custodia de los hijos menores, etc) consensuadas, un 17,2 por ciento más que en 2016; y 867 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, lo que supone un aumento interanual del 5,1 por ciento.
En cuanto a las medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 670 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 10,2 por ciento más que en 2016; y 747 de medidas no consensuadas, lo que representa una disminución interanual del 4,2 por ciento.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2017, se observa que el mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana (28), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (19,1). La media de demandas en España fue de 24,6 por cada diez mil habitantes.
Balears, con casi 27 rupturas por cada diez mil habitantes, es una de las comunidades autónomas con mayor litigiosidad de esta naturaleza.
