El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma acordó ayer que el juicio por el caso de homofobia denunciado en la Policía Local se celebrará el próximo mes de junio. Una vista que se iniciará el próximo día 11 del citado mes y que tendrá una duración de cuatro días. La Sala celebró ayer una vista preliminar, en la que estuvieron presentes los tres acusados. Se trata del excomisario Rafael Estarellas y los policías Rafael Puigrós y Alberto Juan. Están acusados de menospreciar y humillar a una compañera policía por su condición de lesbiana. Los acusados niegan los hechos y no están dispuestos a aceptar ni los delitos, ni las penas que les reclama el fiscal Subirán, ni la acusación particular que ejerce la denunciante.
La vista de ayer sirvió para que la acusación y la defensa propusieran nuevas pruebas o testigos. Así, la acusación particular propuso la declaración como testigos del actual jefe de la Policía Local de Palma, Josep Palouzié, y del que fuera director del área de seguridad, Martí Capó.
La policía Sonia Vives denunció que durante años, mientras estuvo destinada en la unidad motorizada, fue objeto de una persecución por su condición sexual. Responsabilizó de ello a sus compañeros Puigrós y Juan, que encabezaron todas las iniciativas para humillarla porque era lesbiana.
La agente comentó que era objeto de todo tipo de comentarios y que casi siempre se dirigían a ella llamándola "boyera de mierda" o "tijeritas". También hacían juegos para menospreciarla por su tendencial sexual. Al mismo tiempo, según denunció la agente, Puigrós rompió varios huevos sobre el sillón de la moto oficial que conducía y después le comentó si "le había gustado la tortilla". También acusó a sus compañeros de desinflarle las ruedas de la moto.
La mujer denunció esta situación al entonces comisario Estarellas. Afirma que en lugar de salir en su defensa e investigar los hechos, su jefe le gritó, se mofó de ella y le comunicó que si no estaba contenta en esta unidad, que se marchara, pero que hiciera un informe diciendo que no era apta. También le insultó llamándola "boyera de mierda".
La fiscalía imputa hasta siete delitos distintos contra los acusados y fija la agravante de actuar por motivos de discriminación por orientación sexual. Anticorrupción reclama penas que suman hasta 24 años de prisión para los acusados, que mantienen que son inocentes.
