El Banco Mare Nostrum, la entidad nacida en 2010 y resultante de la fusión de cuatro cajas de ahorros, entre ellas Sa Nostra, detectó en 2013 anomalías en algunas inversiones inmobiliarias millonarias de la caja de ahorros balear, pero no vio delitos en estas operaciones, tal y como refleja un informe del bufete Uría Menéndez. La defensa de la cúpula de Sa Nostra, investigada en la Audiencia Nacional por unos presuntos descuadres de más de cien millones de euros, ha pedido que declaren como testigos los autores de ese dictamen y los empleados de Pricewaterhouse que realizaron una auditoría sobre la desaparecida entidad financiera. El juez los ha citado para abril.
Uría Menendéz, por encargo de BMN, analizó trece operaciones inmobiliarias de Invernostra, una filial inversora de Sa Nostra, entre las que se encuentran dos de las incluidas por anticorrupción en su denuncia de 2016, que investiga el juez Santiago Pedraz. Antes, el Banco de España había pedido a BMN que investigase inversiones inmobiliarias donde pudieran haberse producido irregularidades.
Operaciones complejas
Las inversiones analizadas fueron complejas operaciones efectuadas por Invernostra con otros importantes promotores o constructoras de las islas o de la península, como el Grupo Martín Gual, Grupo Kühn, Grupo Fer, Juan Bartolomé Seguí, Grupo Villar Mir, etc.
Sa Nostra tomaba participaciones en empresas de estos socios, a las que en ocasiones prestaba importantes sumas para llevar a cabo promociones inmobiliarias en distintos puntos de España, Portugal y Miami. Uría Menéndez precisamente recomendó formular una demanda civil contra la excúpula de la Caja por la fallida operación de Miami, acción de responsabilidad de los ejecutivos que BMN planteó poco después.
Entre las anomalías que el dictamen revela y que define como ilícitos no penales (es decir de alcance civil), están los pagos de comisiones muy elevadas a algunos de los socios en las operaciones, el préstamo de importantes sumas sin las debidas garantías, la financiación de algunas empesas a pesar de su "conocida difícil situación económica", o algunas extrañas actuaciones sobre las inversiones que carecían de lógica, beneficiaron a determinados inversores y causaron pérdidas a la caja.
Sin embargo, Uría Menéndez estima que no existían indicios de la comisión de delitos por parte de la cúpula de Sa Nostra, una conclusión que Eduardo Valdivia quiere que los autores del informe expongan ante Santiago Pedraz.
El dictamen señala que algunas de las anomalías pueden atribuirse únicamente a los socios externos de la desaparecida entidad.
