Un grupo de agentes de Medio Ambiente (AMAs), hartos de la pasividad de su Conselleria, presentó hace unos meses un escrito reclamando conocer el estado de las denuncias levantadas por sus inspecciones en los últimos siete años. Lo llamativo es que el requerimiento fue registrado ante la conselleria de Administraciones Públicas, que dirige Cati Cladera, y no en el suyo propio, que instruye los expedientes.
Los funcionarios enumeran hasta 20 actas que han levantado en este periodo al detectar indicios de ilegalidad y de las que no han tenido noticia alguna sobre si se ha iniciado expediente sancionador, se ha paralizado la actividad, o si se ha remitido la demanda ante la Fiscalía o el juzgado.
Esta solicitud de información está firmada por el secretario general de la sección sindical de CC OO en Balears, Carles Torrens, y se basa en la instrucción interna de la Conselleria de Vicenç Vidal por la que se regula el procedimiento que deben seguir las denuncias formuladas por los agentes medioambientales en el ejercicio de sus funciones ante actividades susceptibles de ser consideradas como ilícitos penales.
Esta instrucción de abril de 2017 establece que los agentes deben remitir las denuncias por presuntos delitos medioambientales "al funcionario que coordine los procedimientos de la Secretaria General, el cual atendiendo a los hechos denunciados y mediante escrito motivado, las debe remitir a la Fiscalía o al juzgado de instrucción con copia a la dirección general competente".
Una vez registrada la denuncia ante el fiscal o juez debe ser comunicado el trámite al agente denunciante y a la jefe de servicio del cuerpo.
En declaraciones ayer a IB3o, el coordinador de Medio Ambiente de CC OO, Mariano Reaño, dejó claro que, a pesar de que la instrucción señala que la Conselleria debe comunicar si remite la denuncia, "no hay noticias de todos estos años y los propios agentes no saben qué ha pasado con todas estas denuncias". Desde el sindicato de Agentes de Medio Ambiente de UGT declinaron ayer hacer declaraciones sobre este asunto.
Cabe señalar que la instancia por la que CC OO recoge el malestar existente en el cuerpo de agentes se presentó siete meses después de que la Conselleria que dirige Vicenç Vidal publicara la nueva instrucción que fija el procedimiento a seguir y que, según el conseller, deroga la norma que prohibía llevar directamente a Fiscalía posibles irregularidades.
Sin noticias
En la solicitud se señala que la demanda de información oficial se basa en que "de la práctica totalidad de las denuncias formuladas por los Agentes de Medio Ambiente en los últimos seis años, no ha sido notificada ninguna remisión a Fiscalía o juzgado correspondiente y, por lo tanto, no se tienen constancia de la remisión de las de que se enviaron por este concepto".
Esta reclamación de los funcionarios contrasta con las declaraciones que realizó el jueves Vidal a este diario, en las que recalcó que tras la aprobación de la nueva instrucción se han enviado al fiscal "todos los expedientes que los agentes han remitido a la secretaría general", subrayando su implicación personal en el tema. Vidal incluso se aventuró a afirmar que todas las denuncias de pozos ilegales en campos de golf estaban ya en Fiscalía, un dato que ayer tuvo que ser desmentido por el mismo equipo del conseller.
Desde el departamento de Medio Ambiente se recalca que son los propios AMAs los que no han enviado "ninguna denuncia sobre los campos de golf" a los servicios jurídicos, para que a su vez las remitieran a la Fiscalía. Se añade que los agentes solo han pedido que se llevaran ante el fiscal seis presuntos delitos medioambientales, insistiendo en que ninguno referido a campos de golf.
Pozos ilegales
En el escrito de CC OO se hace referencia a las denuncias a campos de golf en los que se detectó que se habían perforado pozos ilegales, o bien se estaba haciendo un uso irregular de sondeos de uso restringido exclusivamente para usos agrícolas.
Concretamente, se mencionan el caso de Son Gual (Palma, denunciado en 2016 al descubrir una extracción ilegal de 6.500 metros cúbicos diarios; el de Vall d'Or, en Felanitx, por uso de dos pozos ilegales para regar el campo y para abastecer la urbanización y la piscina; las instalaciones de Camp de Mar (Andratx por uso de un pozo para riego y otro pozo ilegal para consumo humano del que se sacaban 460 metros cúbicos al día. Finalmente, también se hace referencia al caso de Son Termes (Bunyola, que se denunció en 2016 al observar indicios de que se estaba regando empleando grandes cantidades de agua subterránea. En ninguno de estos ejemplos los agentes han recibido en estos años notificación ni información alguna al respecto de su remisión ante el fiscal.
La lista de expedientes que siguen bloqueados en los cajones de la conselleria se extiende a otras actividades, y los agentes piden información de casos como la eliminación de una balsa de agua en la finca sa Bassa Plana de Llucmajor, la incineración de residuos en una fábrica de vidrio de Campanet, o construcciones ilegales en Fornalutx (en zona ANEI), Esporles, Pollença, Banyalbufar, Deià, PollençaBanyalbufarDeiàSóller. También se incluyen infracciones de Eivissa y Menorca.
