Choque entre agentes de Medio Ambiente y el conseller Vicenç Vidal a cuenta de las inspecciones en los campos de golf. Pese a que los funcionarios han detectado indicios de delito en media docena de campos de golf de Mallorca que, según sospechan, riegan con agua potable proveniente de acuíferos, aseguran que la Conselleria no ha elevado las actas de denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente o ante un juez.

Por su parte, el conseller en persona niega que se estén ralentizando los procedimientos, y afirma que que los agentes tienen total potestad para denunciar los hechos ante el fiscal. De hecho, añade Vidal, en las ocasiones en las que así lo han considerado los hechos se han puesto en conocimiento del Ministerio Público, que habría archivado las denuncias, según la versión de Vidal.

Actualmente, la Conselleria instruye expedientes a media docena de campos de golf que incluyen estudios de consumo, análisis de muestras de agua y revisión de las instalaciones de riego. Estos expedientes están ahora pendientes de tramitación administrativa, pero entre los agentes existe malestar por la escasa agilidad de la Conselleria. A esto se añade que algunos de los funcionarios responsables de las inspecciones reconocen que durante años han recibido presiones o directamente prohibiciones verbales sobre sus indagaciones relacionadas con sondeos subterráneos sospechosos. Entre los grandes consumidores de agua se encuentran, además de los campos de golf, instalaciones hoteleras y nuevas urbanizaciones.

Las actuaciones que los agentes medioambientales han efectuado en campos de golf estos últimos años se han llevado a cabo con la máxima discreción para evitar filtraciones. En varias ocasiones cargos políticos de la Conselleria se han entrevistado con los agentes mostrando interés por saber el avance de las inspecciones. Desde el año 2003, con la llegada de Jaume Matas a la presidencia y la designación de Jaume Font como responsable de Medio Ambiente, se prohibió a los agentes forestales la tramitación directa de denuncias ante el juzgado o Fiscalía. Meses antes, el gobierno del Pacte de Progrés había establecido dar vía libre a estos funcionarios para que tramitasen ante el juez o el fiscal aquellos presuntos delitos contra el medio ambiente que consideraran de mayor gravedad.

Durante estos quince años el cuerpo de agentes ha reiterado su petición a los distintos gobiernos autonómicos para que levanten ese veto y se vuelva a permitir la relación directa con los tribunales, pero algunos creen que no han logrado su objetivo. En este proceso han tenido que ver cómo sus denuncias -muchas de ellas con la especificación de indicios graves de delito- debían pasar un filtro político o administrativo que finalmente decidía si se tramitaba por vía judicial o no.

Durante la etapa del conseller Vidal se ha vuelto a autorizar a los agentes a presentar denuncias ante la Fiscalía. Con todo, están obligados a un trámite previo de comunicación a un jefe de departamento.

La orden, aprobada en abril de 2017, modifica la normativa vigente desde 2003, pero sigue sin dar total independencia a los agentes para llevar un posible delito medioambiental a la Fiscalía. Solo puede hacerlo en "supuestos excepcionales". E incluso así, deben acudir "previamente" a su jefe de servicio.