El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio de Hacienda y Función Pública que elabore una guía que aclare la normativa fiscal del alquiler de vivienda con fines turísticos, que estará en vigor en julio, y facilite a los particulares el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
En opinión de la institución, la "complejidad del régimen tributario" aplicable a los alquileres turísticos puede constituir "una barrera" para los ciudadanos que no tengan un asesoramiento adecuado o conocimientos especializados.
Según señala el Defensor del Pueblo, al carácter "marcadamente técnico" de las normas tributarias se une su dispersión, "puesto que las obligaciones fiscales de los alquileres turísticos están recogidas en diferentes leyes, lo cual dificulta su acceso y comprensión a los no profesionales". Para el Defensor del Pueblo es fundamental que haya "transparencia y seguridad jurídica" en este ámbito y que el marco normativo sea coherente para evitar que las diferentes administraciones regulen un mismo supuesto de manera contradictoria.
Esta recomendación proviene de una actuación de oficio, iniciada en 2017, cuando el Defensor del Pueblo,por la queja de un ciudadano sobre la regulación de los alquileres turísticos en Cantabria, comprobó que existe un importante desconocimiento del régimen fiscal aplicable a esta actividad, así como el riesgo de que las comunidades autónomas establezcan requisitos de acceso a esta actividad o condiciones de ejercicio que afecten en cuestiones tributarias.
