Los jueces y fiscales de Balears, al igual que los del resto de España, mantienen, desde hace meses, un pulso con los ministerios de Justicia y Hacienda que se niegan a mejorar sus retribuciones, mermadas en 2010 a consecuencia de la crisis. Las siete asociaciones profesionales de ambos colectivos amenazan con medidas de presión, entre las que en redes sociales no se descarta la huelga.

Las entidades que agrupan a magistrados y fiscales, que tienen vetado el pertenecer a un sindicato, negocian desde finales del año pasado con el ministerio de Justicia para conseguir un aumento de salario que, como mínimo, sea equivalente a funcionarios de su misma categoría y que remonte las bajadas de sueldo dictadas en 2010 gracias al Decreto Ley de Medidas Extraordinarias de Reducción del Déficit Público, una normativa dictada en plena crisis económica.

Modernización

Según las asociaciones, el resumen de sus reivindicaciones es el siguiente. "recuperación del poder adquisitivo, aumento del crédito destinado a las retribuciones variables hasta el 5%, retribución de trienios en la categoría de devengo, actualización de los grupos de población, mejora de las retribuciones de los servicios de guardia y las sustituciones internas, indemnización por gastos profesionales, carrera profesional, derechos pasivos (pensión de jubilaciones y planes de pensiones) y finalmente, el llamado complemento de modernización de la justicia, unas retribuciones ligadas a ese objetivo (implantación de la nueva oficina judicial o la justicia digital, por ejemplo)".

Los fiscales tienen algunas reivindicaciones particulares para su colectivo, como el aumento del sueldo a los escalones más bajos de la carrera o que las guardias que se realizan en fiscalías de área o pueblos se paguen mejor que los 40 euros por día, "importe inferior al coste de hora de trabajo de un profesional no cualificado de la industria".

Justicia, en las reuniones mantenidas con las asociaciones, ha pasado la patata caliente a Hacienda, que estaría poniendo trabas a las mejoras retributivas.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales, las siete entidades han dado un ultimátum a Justicia y Hacienda que acaba el próximo miércoles día 28.

Si no hay signos de buena voluntad por el Gobierno, los fiscales no descartan "medidas de presión conjuntas con las asociaciones judiciales". En este sentido y en foros profesionales, voces aisladas llevan meses haciendo un llamamiento a paros reivindicativos. En 2009 se convocaron en Balears dos jornadas de huelga de jueces y fiscales para protestar por la penuria de medios de la Justicia y el proyecto de privatizar el Registro Civil.

De forma paralela, los sindicatos con mayor implantación en Justicia, entre ellos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, han denunciado la discriminación salarial que sufren los funcionarios de Justicia de Balears, que están adscritos al llamado territorio Justicia, dependiente del Ministerio de ese ramo. Los sindicatos quieren que el personal de los juzgados cobre lo mismo que sus compañeros de comunidades transferidas.