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Los baleares destinan más de 1.500 millones a planes de pensiones

Los sindicatos defienden la viabilidad del sistema público mientras economistas y bancos señalan la necesidad del ahorro para la vejez

Imagen de la concentración celebrada en Palma contra la mínima revalorización de las pensiones aplicada por el Gobierno. M. Mielniezuk

Los ciudadanos de Balears tienen en estos momentos más de 1.500 millones de euros destinados a planes privados de pensiones, una cifra que está creciendo a ritmos incluso moderadamente inferiores a lo que lo hace el ahorro. Según el análisis realizado por Inverco (asociación que agrupa a instituciones de inversión colectiva), los isleños se encuentran además entre los españoles que menos recurren a este tipo de fórmulas para garantizar la calidad de vida durante la vejez, un dato que se respalda por otro aportado por la Fundación Mapfre, y es que Balears es la comunidad con el porcentaje más bajo de población ahorradora, algo que los expertos explican por factores como que el salario medio del archipiélago es inferior a la media estatal, a lo que se suma su elevada tasa de contratos de temporada.

El estudio de Inverco desvela que al cierre de 2016 había 214.725 isleños participantes en planes de jubilación privados (con un crecimiento del 6% respecto al ejercicio anterior), por un importe global de 1.474 millones de euros (un 4,5% más que en 2015), lo que lleva a representantes del sector a confirmar que en estos momentos ya se han superado los 1.500 millones.

Pero eso supone que, de media, cada balear que recurre a esta fórmula de ahorro dispone de 6.864 euros en este tipo de producto, la tercera cantidad más baja del país (solo queda por debajo Murcia y Canarias) y que está lejos de los 9.004 euros de la media estatal, y muy especialmente de los 14.491 de la comunidad navarra.

¿Pero es necesario disponer de un plan de pensiones para la vejez? Los representantes de las entidades que los comercializan no dudan en dar una respuesta positiva, ante las dudas que genera la viabilidad del sistema público. Este respaldo procede tanto del director comercial de March Asset Management, Lorenzo Parages; como del director de banca privada de CaixaBank en Balears, Juanjo Clapés; o del director territorial de Mapfre, Oscar Celada.

Un matiz: lo importante es ahorrar para la vejez, y la función de estas entidades es asesorar a cada cliente sobre el producto que mejor se adapta a sus necesidades, sea plan de pensiones o fondo de inversión, por citar algún ejemplo.

La inversión en fondos privados crece en Balears a ritmos muy similares a los del ahorro (Inverco habla de un 4,5% anual, March Asset Management alcanza el 11% y CaixaBank se sitúa en el 6,8%), mientras que los depósitos de familias y empresas del archipiélago lo hacen a un ritmo del 6,7%.

Previsión al alza

Las entidades que comercializan estos planes pronostican que la evolución seguirá siendo creciente por varios motivos: la implantación de esta fórmula de ahorro para la vejez está mucho más asentada en otros países europeos, cada vez hay más personas que temen por su calidad de vida tras la jubilación, y además el Gobierno central ha abierto la posibilidad de rescatar estas aportaciones económicas a los 10 años de realizarse, limitando su falta de liquidez.

¿Pero es una estrategia comercial o realmente hay motivos para alarmarse por el futuro del actual sistema público de pensiones? Según el catedrático de Economía Aplicada de la UIB y director de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, realmente hay motivos para estar preocupados. Porque con unos mayores cada vez más numerosos y que viven más años, y unos trabajadores que reducen sus contribuciones al sistema por unos salarios cada vez más bajos, los números no salen. Según Riera, las fórmulas 'clásicas' no sirven para arreglar el problema: no se puede elevar las contribuciones de las empresas sin que pierdan competitividad, no se puede recurrir a los presupuestos del Estado con el déficit actual y con la sanidad, educación y servicios sociales estirando del gasto, y no se puede seguir aplazando la edad de jubilación frente a la actual revolución digital y los cambios que está conllevando en el mundo laboral.

Según Riera, solo hay una solución para mantener las pensiones: apostar por un cambio de modelo económico que impulse la productividad y permita incrementar los salarios. Todo lo demás son, en su opinión, parches cortoplacistas. Y no duda en señalar la falta de valentía política que existe para afrontar este tema.

El secretario general de CCOO en las islas, José Luis García, reconoce las bondades del ahorro, pero califica de cinismo el que se proponga que ésta sea la solución básica para los futuros jubilados cuando se ha aprobado una reforma laboral que ha provocado una sustancial rebaja de los salarios y una mayor precariedad en las contrataciones.

Por ello, es tajante a la hora de reclamar al Gobierno el mantenimiento del sistema público, con aportaciones de los presupuestos si es necesario para hacer frente al déficit, y también la revalorización de las mismas para que los mayores no pierdan poder adquisitivo, lo que supone anular la reforma de 2013. En cualquier caso, el representante de CCOO, apoya la apuesta por una economía más productiva, con trabajadores más cualificados y mejores salarios.

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