El Parlament rechazó ayer, con los votos de PP y PSIB, la proposición no de ley de Més per Menorca por la que, entre otros puntos, se instaba al Tribunal Supremo a "actuar con coherencia con los derechos humanos, no dejarse influenciar por criterios ideológicos o partidistas y, en consecuencia, liberar inmediatamente a todos los presos políticos detenidos en el marco de la represión ejercida para coartar el ejercicio y materialización del derecho a la autodeterminación de Cataluña", en referencia a los dirigentes políticos catalanes que se encuentran en prisión preventiva. El popular Juan Manuel Lafuente y la socialista María José Camps coincidieron en negar la existencia de "presos políticos" y en considerar que, por respeto a "la separación de poderes", el Parlament no puede indicar al Supremo las decisiones que debe adoptar.
No obstante, los representantes del PP y el PSIB se diferenciaron en la consideración sobre lo adecuado de la prisión preventiva en estos casos. Así, Lafuente afirmó que "lo que va en contra de los derechos humanos y de la democracia es saltarse las leyes , ya que sin el cumplimiento de las leyes no existe un país democrático" y que la propuesta de Més per Menorca era en realidad "una proposición no de ley en defensa de la independencia de Cataluña". Camps, en cambio, sostuvo que la prisión preventiva de los dirigentes independentistas encarcelados es "desproporcionada e injusta" y acusó al Gobierno central de "instrumentalizar la justicia". Sin embargo, defendió que la propuesta de Més per Menorca estaba "obsoleta", ya que se presentó antes de las elecciones catalanas de diciembre, y que si bien el PSIB no está de acuerdo con la prisión preventiva para los dirigentes independentistas, "formalmente no están procesados por sus ideas, sino por sus actos", por lo que "no puede hablarse de presos políticos". Precisó que "otra cosa es que esos actos sean o no constitutivos de delito", ya que en su opinión no lo son.
"Involución"
Frente a ellos, Patricia Font, de Més per Menorca, defendió que aunque la iniciativa partiera de la situación en Cataluña, "lo que realmente cuestiona es la involución democrática que se está viviendo" en España, con un "retroceso en la libertad de expresión y los derechos políticos y humanos" de los ciudadanos. Como ejemplo, puso los tres años y medio de prisión para el rapero Valtonyc, entre otras actuaciones que "van contra la libertad de expresión". Para Més per Menorca, estos "políticos y líderes civiles" de Cataluña "han sido encarcelados por sus ideas, por mucho que las decisiones judiciales busquen una justificación con acusaciones que no se sostienen", según consta en la exposición de motivos de su propuesta. Además, considera que "castigar judicialmente a quien se manifiesta pacíficamente o a quien da voz al pueblo es un exceso intolerable en cualquier sociedad democrática".
Acusaciones al Gobierno
La iniciativa de Més contó con el apoyo de Podemos, salvo en el punto en el que se planteaba el reconocimiento del Parlament "al president, vicepresident y consellers de la Generalitat, tanto a los que han sido encarcelados como a los que se encuentran en el exilio, como legítimo Gobierno de la Generalitat de Cataluña". Aitor Morrás, de Podemos, argumentó que este punto no tenía sentido ya que ahora mismo no existe un gobierno en Cataluña, tras las elecciones de diciembre. El Pi, por su parte, se abstuvo en todos los puntos de la propuesta.
Més per Menorca aceptó parte de una enmienda presentada por el PSIB por la que el Parlament "insta al Gobierno de España a no instrumentalizar la Fiscalía General del Estado y a no judicializar la vida política, respetando la separación de poderes". Este fue el único punto que salió adelante, al contar con el voto a favor de PSIB, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Xelo Huertas, del grupo mixto.
El resto de la proposición no de ley incluía cuestiones como que el Parlament mostrara su "rechazo" y su "denuncia de la situación de vulneración de los derechos humanos, civiles y democráticos que padece la población civil de Cataluña y en especial los líderes de las entidades soberanistas y los representantes del Gobierno de la Generalitat".
