Jaume Enseñat, el fallecido empresario de Sóller, padre del que era jefe de la Inspección de la conselleria de Turismo, también participó en la negociación para la compra, por parte del Govern, del edificio del antiguo hotel Rocamar. Este dato, desconocido hasta ahora, lo desveló ayer Joaquín Lezaga, que fue secretario general de la conselleria de Turismo, en la época de Carlos Delgado, y a quien se le encargó la tarea de negociar el precio de la operación Rocamar. Lezaga declaró ayer en calidad de investigado y lo hizo para defender su actuación, y de todo el personal de la Conselleria en esta operación, intentando convencer al juez de que detrás de la compra del hotel no hubo ninguna irregularidad. Sin embargo, su versión no parece que vaya a provocar un cambio de opinión ni en el juez, ni en las acusaciones. Legaza desveló que llamó al dueño del hotel, Francisco Castañer, para que acudiera a una reunión. El motivo, dado que existía un interés en que el Govern comprara este edificio, que ya se había propuesto en la anterior legislatura, era cerrar el precio de la operación. La conselleria disponía de un presupuesto de alrededor de un millón de euros, si bien también contaba con un informe de valoración que aconsejaba que, del precio, había que descontar el coste del derrumbe, que debía correr a cargo del dueño, lo que hubiera rebajado el precio.

Detalló que Castañer apareció en la reunión acompañado de otra persona, que era Jaume Enseñat, que no había sido convocada. Le presentó como "su abogado" y no fue hasta bien avanzada la reunión cuando descubrió que esa persona tenía un interés en la operación, puesto que era quien había prestado dinero al dueño del hotel y tenía la oportunidad de recuperarlo. Por ello, cuando más alto fuera el precio de la compra, más posibilidades tenía de recuperar el dinero que le había prestado a Castañer. Este préstamo era, precisamente, la carga que aparecía en la documentación registral y que obligaba al propietario a solventar el préstamo para poder vender el edificio.

A pesar del claro interés que mostraba Enseñat en el resultado del acuerdo, Legaza no le dio mayor importancia a su presencia en la reunión. Incluso confesó ayer al juez que inicialmente no sabía que Enseñat era el padre del jefe del área de Inspección de la conselleria de Turismo. Este dato lo conoció una vez avanzada la reunión, si bien ayer dijo que no lo consideró un dato relevante.

Legaza explicó que en su papel de negociador, de inicio ya dejó claro que el Govern no iba a pagar más de un millón de euros por el Rocamar, a pesar de que el dueño reclamaba un millón y medio, precio por encima de la valoración que se estaba manejando. Detalló que Enseñat y Castañer estuvieron discutiendo y por ello les pidió que salieran del despacho y analizaran la oferta. Así lo hicieron, salieron y al rato volvieron para manifestar que estaban conformes con el precio que les ofrecían.

El juez no cree que sea una casualidad que el precio de la valoración sea casi idéntico al préstamo que le habían realizado al dueño del hotel, pero sobre todo cuestiona que no se descontara el coste del derrumbe. Legaza mantuvo ayer que, al margen de la valoración que manejaba, tenía muy claro que no se podía comprar el hotel por menos de un millón de euros, por cuanto solo así se cubría la carga que pesaba sobre el inmueble. También reconoció que se enteró de dicho préstamo durante la reunión, dato que ni siquiera se había planteado cuando inició la negociación.