Educación ha dado a conocer los criterios que regirán la colocación de profesores como asesores en la Conselleria, un proceso que "siempre" se ha realizado de manera discrecional, lo que daba pie a sospechas de enchufismo (o casos confirmados como el que tuvo lugar la legislatura pasada con un interino sin experiencia docente afín al PP).
La idea de la Conselleria es reducir al máximo la arbitrariedad y que no haya ningún fichaje a dedo, aunque el proceso, señalan, llevará unos cuatro años.
En primer lugar se quiere reducir el número de asesores técnicos docentes (ATD) necesarios. El actual curso empezó con 150 profesores liberados de sus tareas docentes para ejercer como asesores en la sede de Educación. De estos, los asesores que son funcionarios perciben un plus mensual de alrededor de 330 euros.
La Conselleria quiere reducir ese número a 90 ó100 asesores, pero argumenta que de momento tienen que utilizar esta figura para compensar el déficit estructural de personal administrativo, que es insuficiente para las necesidades actuales de gestión (en algunas direcciones generales, como la de Personal Docente, han tenido graves problemas por falta de trabajadores). Por eso, por un lado, el objetivo es ir consolidando y dotando nuevas plazas entre los próximos tres y cuatro años.
Sindicatos como el STEI han denunciado en varias ocasiones las necesidades de profesionalizar las plantillas y que en vez de utilizar a docentes para realizar labores administrativas, se contrate a personal propio de la Administración.
Así, creadas estas plazas, 'solo' harían falta, estima Educación, unos 90 o 100 asesores, cuyo trabajo no sería administrativo sino que requiere conocimientos de docente.
La nueva manera de seleccionar se regulará por esta nueva instrucción firmada por el conseller, ya publicada y que afectará al fichaje de asesores ya para el curso que viene. La idea es cada curso ir cubriendo por este nuevo sistema el 30% de las plazas de asesores docentes, que según la instrucción firmada por el conseller March serán ocupadas solo por funcionarios en comisión.
Aunque en principio lo normal es que sean de dos años de duración, con posibilidad de alargarlas dos años más, la instrucción prevé que "si las necesidades de servicio lo requieren" se puede ir prorrogando de año en año hasta cuatro años más. Así, un docente podría estar hasta ocho años (dos legislaturas) trabajando de asesor en la sede central.
Antes del próximo día 30 del próximo mes de abril, cada dirección general expondrá a la Secretaría General sus necesidades de asesores y ésta publicará y dará difusión a una convocatoria de concurso de méritos. Cada año se ofertarán entre el 25 y el 30% de las comisiones de asesores técnicos (si surgen necesidades a lo largo del curso se pueden publicar convocatorias extraordinarias). Se empezarán sacando las plazas de más antigüedad, aunque Educación reserva a sus directores generales la opción de 'salvar' a sus actuales asesores si realizan un informe que lo justifique.
Comisión de valoración
A la hora de valorar los méritos, se otorgarán hasta tres puntos por antigüedad; otros tres por formación y cuatro puntos como máximo por experiencia. También tendrá lugar una entrevista personal.
¿Quién lo valorará? Personal de la propia Conselleria. Se constituirá una comisión de valoración con un representante de la Secretaría General; un representante de Personal Docente (elegido por la directora general); y un inspector. La comisión presentará su valoración al Secretario General, que es quien resuelve la convocatoria.
En el caso de que una convocatoria quede desierta se ha de hacer público y la Secretaría General sí podrá proponer a alguien libremente (incluyendo interinos).
Las nuevas instrucciones fijan que los asesores técnicos docentes han de hacer el mismo horario que el personal administrativo y de servicios de la Conselleria; tienen las mismas vacaciones y se han de ajustar al mismo control de entradas y salidas.
Educación asegura, según datos de septiembre, tener a 150 profesores liberados para trabajar en las oficinas de la Conselleria. De estos, la mayoría eran interinos, que ahora quedarían excluidos en un principio de estas convocatorias (a no ser que queden desiertas se reservan en principio a funcionarios de carreras).
La anterior legislatura el intento de colocar en Educación a un interino sin experiencia afín al PP supuso la dimisión (por negarse a hacerlo) del entonces director general de Personal, Miguel Deyá. El Govern del PP concluyó esos cuatro años con casi 200 docentes colocados en las oficinas. El anterior Pacte de Progrés cerró su mandato en 2011 con hasta 240 profesores liberados.
