'El Ico' no ha convencido a la magistrada que juzgó al policía local de Palma, Jaime Garau, y al funcionario del centro penitenciario, Pedro Talavera, que fueron acusados de amenazar en la cárcel al joven de Son Banya. Un juicio por un delito contra la administración de justicia, por el que la fiscalía Anticorrupción solicitó para cada funcionario una condena de dos años de prisión.

La sentencia absolutoria, dictada por el juzgado de lo Penal número 1 de Palma, declara que no se ha demostrado el episodio de la carta. Se refiere al documento que, según 'El Ico', el funcionario de prisiones Talavera le obligó a firmar cuando ingresó en la cárcel, en el que iba a exculpar al agente Garau en la trama de la Policía Local. Este documento, en cualquier caso, nunca llegó al juzgado. Se tuvo conocimiento del mismo a través del abogado del policía local que se interesó por su llegada al juzgado.

Esta denuncia, que se basaba únicamente en la declaración del joven de Son Banya, provocó la detención y posterior ingreso en prisión tanto del agente de la policía, como del funcionario. La magistrada critica la falta de pruebas, más allá de la declaración de 'El Ico', a cuyo testimonio no le da la validad suficiente, entre otras cosas, porque sus afirmaciones han sido desmentidas por otros funcionarios de la cárcel, que nada sabían, ni oyeron el más mínimo rumor, sobre el tema de la carta.

La magistrada, para justificar esta absolución, critica que la acusación no haya demostrado, no solo el móvil económico de la presunta amenaza al joven de Son Banya, sino sobre todo si existía algún tipo de relación de amistad entre Talavera y Garau. Como también critica la jueza que tampoco se hayan aportado al juicio otras pruebas complementarias, como podrían ser grabaciones internas de la cárcel o listados de llamadas telefónicas.

En cambio, mayor credibilidad que 'El Ico' tienen, a juicio de la magistrada, los funcionarios de la cárcel, incluido el director, que desmintieron la versión del testigo. Explicaron que era casi imposible que el funcionario de la cárcel pudiera tener una reunión a solas con el recluso y explicaron que el narcotraficante de Son Banya solía alardear en la cárcel, donde estaba ingresado por el impago de una multa, que podía conseguir el ingreso en prisión de los trabajadores que quisiera, por la influencia que tenía en el juzgado que investigaba el caso de la trama policial. También cuestiona la jueza el tiempo que dejó pasar el preso desde que ocurrieron los hechos hasta que los denunció a la Policía. Por todos estos hechos, la magistrada ha dictado una sentencia absolutoria.