La patronal Asaja-Baleares ha presentado más de 100 alegaciones al anteproyecto de modificación de la ley agraria impulsado por el Govern. En opinión de esta organización, esta futura normativa puede invadir competencias estatales.

Según el gerente de Asaja en las islas, Joan Simonet, el hecho de que el Ejecutivo autonómico pretenda introducir modificaciones en las actividades agrarias definidas en leyes estatales de obligado cumplimiento hará que esta ley sea impugnada como tantas otras aprobadas por el actual Govern. También hay artículos que van en contra de la de unidad de mercado y prohibiciones a ciertas formas de cultivos como los modificados genéticamente que van en contra de las directrices de la UE

Asaja-Balears se opone a endurecer aún más los requisitos para realizar instalaciones agrarias y complementarias tales como naves agrícolas, almazaras, bodegas, invernaderos, redes de riego o eléctricas para suministro de explotaciones agrarias. Todo ello elementos imprescindibles para una agricultura moderna, rentable y de calidad. Además solicita que se recuperen los supuestos que se aprobaron en 2002 cuando Mateu Morro era conseller de Agricultura.

La propuesta del conseller de Agricultura, Vicenç Vidal, también limita la posibilidad de realizar actividades de venta directa rentable al limitar la superficie de los espacios destinadas a la misma a solamente 75 metros cuadrados.

Asaja quiere que se deje clara la innecesaridad de declaración de interés general para toda la actividad agraria y complementaria en todo el suelo rústico pues se trata de actividades propias de este tipo de suelo, sea protegido o no. En la propuesta actual no se recoge esta situación dejando a la interpretación de los técnicos municipales su ejecución.

También propone que se priorice el uso de agua para el riego en el suelo rústico antes que para usos residenciales no vinculados a explotaciones agrarias.

Reclama un nuevo articulado en cuanto a la posibilidad de realizar actividad agroturística en las explotaciones agrarias ya que el redactado de la propuesta, resulta "caótico", ya que impone "unas condiciones más duras que las actualmente existentes y sin las ventajas que implicaba la ley 12/2014".

Se propone otro artículo donde se desarrolle el concepto de agroestancia con los siguientes principios: El modelo a seguir sería el de "Bed & Breakfast" que existe en el resto de Europa. Habría que asegurar una habitación y desayuno. Se afirma que no es necesario un baño individual, ni una recepción permanente, ni otros servicios que se exigen en los establecimientos de alojamiento. Además, se defiende que debe ser un modelo agrario, no turístico. Por tanto, no debería estar sometido al interés general, sino que tiene que ser un uso admitido en todo tipo de suelo; no debe pagar el impuesto de turismo sostenible (se esgrime que la agricultura que se hace en la explotación ya contribuye suficientemente a la sostenibilidad del territorio); no tiene que estar sometido a limitaciones de plazas ni planes de territorialización.

Tambiém se reclama que no haya que pedir una antigüedad específica de las construcciones que se quieren habilitar para realizar la actividad.

La patronal esgrime que se deben establecer un máximo de plazas, pero que tengan un volumen para ser rentables. Asaja estima que este número de plazas debería ser superior a 12 (seis habitaciones), alegando que menos de esta cantidad haría difícil la visibilidad de la actividad, teniendo en cuenta un nivel de ocupación medio anual de en torno al 40%.

En resumen, el modelo de agroestancia debería ser para Asaja el que acabe siendo mayoritario en el suelo rústico, que esté vinculado a la actividad agraria de forma real, que sea el más fácil de realizar que el modelo de vivienda vacacional y que realmente genere unas rentas para mejorar la cuenta de resultados de la explotación a final de año.

El gerente de Asaja opina que la propuesta hecha por el Govern "es un despropósito surgido de la improvisación y la falta de conocimiento de la realidad y sin tener claro qué modelo se quiere crear" influenciado por opiniones políticas radicales que no técnicas que no atienden a las necesidades reales del sector y que le restringen herramientas para poder competir por sí mismo de forma rentable abocando al sector a sobrevivir exclusivamente a base de subvenciones públicas y tutela de una administración cada vez menos agrarista y sí ambientalista urbanita.