El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general, Juan Carlos Girauta, pretenden que el español sea la única lengua exigida para acceder a una plaza de funcionario. En las comunidades autónomas en las que se habla un segundo idioma -Balears, Cataluña, Valencia, País Vasco y Galicia- no podrá exigirse, si prospera la iniciativa del partido naranja, el conocimiento del catalán, el euskera o el gallego.
"Cláusula antidiscriminación", la llaman. Generosos ellos, están dispuestos a aceptar que la lengua no española sea "un mérito a valorar". Más o menos como si en unas oposiciones sumaran los ojos azules de los candidatos, los conocimientos de ruso para campañas de promoción en Sudamérica o jugar al fútbol con la pierna derecha.
El argumento reduccionista de Rivera es que no se deben limitar los derechos de ningún español a ocupar un empleo público en cualquier punto de la geografía nacional. Ciudadanos intenta que su razonamiento parezca inocuo, pero su supuesta bondad es una falacia. Cuando se protege un derecho, de inmediato se limitan otros. Por ejemplo, si se autoriza llevar armas, se limita el derecho a la vida de otros. Si se prohíben, algunos afirmarán que se coarta la libertad de quienes desean pasear por la calle con una pistola al cinto. Con su propuesta, Ciudadanos limita el derecho de los ciudadanos de las comunidades bilingües a ser atendidos en el idioma que les plazca.
En el fondo de la iniciativa subyace un mensaje: en las comunidades autónomas hay una lengua de primera y otra de segunda. Una idea que choca frontalmente con el artículo 3 de la Constitución: "1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos".
La Carta Magna no se refiere a que "las demás lenguas españolas" sean menos, ni un poco menos, ni mucho menos oficiales que el castellano. Rivera y todos cuantos piensan como él obvian el punto 3 del mismo artículo que habla de la "riqueza" de las distintas modalidades lingüísticas y del "especial respeto y protección" que debe dárseles.
Una prueba del menosprecio que Ciudadanos manifiesta cada vez que la cuestión de la lengua catalana se pone sobre la mesa son las palabras despectivas y, al tiempo, demostrativas de una supina ignorancia pronunciadas por la consellera insular Catalina Serra cuando el Consell de Mallorca debatía la declaración de 2018 como Any Josep Maria Llompart.
Ciudadanos de Balears ha dado una calurosa acogida en su seno a los secesionistas lingüísticos como la diputada Olga Ballester. Son aquellos que defienden que la lengua hablada en Mallorca no es catalán. O, si se da un paso más allá, no entienden que se prestigie otro idioma que no sea el castellano.
En materia lingüística, el partido antes socialdemócrata devenido liberal, que en las islas lidera Xavier Pericay, se codea con Vox o Actúa Baleares, la neoformación que acaba de presentar Jorge Campos.
Ciudadanos, además de algunos en el PP y en el PSOE, como José Bono, identifican idioma catalán con independentismo. Su ilusión sería alcanzar una sociedad española monolingüe. Se equivocan. Se pueden amar dos lenguas a la vez y no ser independentista. Se puede querer apasionadamente el castellano, el catalán y el inglés y no estar loco.
A contrario sensu, seguir minusvalorando y relegando las lenguas maternas de millones de españoles, incumpliendo el mandato constitucional, puede alimentar el argumento de los independentistas: "España no tiene arreglo".
El idioma es cultura y es comunicación, y la denominación de la lengua de Balears es ciencia, pero a los políticos les gusta manosearla. En 35 años de profesión no he encontrado a un solo anticatalanista cultural, lingüístico o social -que también existen- que realmente quiera promocionar lo nostro, por usar una expresión que todos entendemos. En esas anda Ciudadanos.
