El proyecto de ley de Cambio Climático del Govern ha causado sensación, incluso en medios internacionales, por su tinte verde de vanguardismo. Ha calado el mensaje inicial de perseguir un destino turístico sostenible que incluso pretende vetar el paso a los visitantes que más allá de 2025 intenten desembarcar en vehículos diésel. Organismos ecologistas como Greenpeace saludan las medidas en ciernes con satisfacción, mientras los concesionarios de coches se llevan las manos a la cabeza ante la "precipitación" y las gasolineras proclaman que se ha entrado "en el género de lo absurdo".
Ni tanto ni tan poco. Aquí cada uno mira y tira para su lado mientras existe una realidad objetiva, un cúmulo de pros y contras, que pocos parecen tener en cuenta. La ley de Cambio Climático es un buen planteamiento teórico, la hoja de ruta a seguir que, sin embargo, contará con enormes dificultades para llevarse a la práctica. En el mejor de los supuestos, deberá dilatar los plazos fijados para imponer el coche eléctrico, eso si el Gobierno de Madrid no la interfiere por invasión de competencias cosa que, a la vista de los precedentes, resulta muy probable. La industria del automóvil, sin duda, ejercerá sus presiones.
Pueden repetirse dilaciones semejantes a las de la ordenanza que debe prohibir las bolsas de plástico en Palma o el vuelco ocasionado con la energía solar, en la que se ha pasado del estímulo al gravamen. Rosa Estarás ya busca en Estrasburgo posibles incompatibilidades con la UE. La contaminación política no deja de ser un impedimento para luchar contra el contagio medioambiental.
El tropiezo con la realidad hace ver que la Ley de Cambio Climático oscilará entre la urgencia de la necesidad y la escasa posibilidad de llevarla a la práctica. Limitar en siete años vista los coches diésel a los que se han matriculado o revenden en Balears es, hoy por hoy, motivar la antigüedad del parque móvil y crear inestabilidad al mercado actual. Los coches eléctricos siguen teniendo precios prohibitivos para el ciudadano medio y los lugares de recarga no pasan de lo testimonial. Faltan mayores incentivos para plantar cara al cambio climático.
