Carlos Delgado, exconseller de Turismo del PP, no aclaró al juez la razón por la que dejó de utilizar otra fórmula más económica, como por ejemplo la expropiación, para hacerse con la propiedad del antiguo hotel Rocamar, que tuvo que ser derrumbado por el mal estado que presentaba. Si se hubiera expropiado, el Govern únicamente tendría que haber abonado unos 300.000 euros, frente a casi un millón que definitivamente pagó por la propiedad del Rocamar.
El expolítico del PP compareció esta semana ante el juez Juan Manuel Sobrino para defender su gestión y la de todo su departamento, incluidos los funcionarios investigados, en la compra del edificio abandonado, ante las sospechas de que el Govern pagó un sobrecoste por la propiedad, al tener que hacer frente al desembolso posterior del derrumbe.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Sobrino coinciden en que hay sospechas más que evidentes de que se cometió una grave irregularidad en la conselleria de Turismo al abonar un precio por este edificio que prácticamente era idéntico a la deuda que tenía el propietario con la familia del entonces jefe del área de inspección, que resultó beneficiada por la operación. No se creen que esta cifra económica de la compra sea una simple casualidad, sino que se trató más bien de una maniobra orquestada, con la implicación de los funcionarios, para beneficiar al jefe de la inspección turística.
Decididó seguir adelante
El exconseller se excusó ante el juez de que el proyecto del Rocamar lo inició el anterior Govern del Pacto y afirmó que precisamente la compra la propuso el Consell de Mallorca bajo la presidencia de Francina Armengol (PSOE). Es decir, intentó trasladar la responsabilidad hacia el anterior Ejecutivo, que ya había solicitado las tres tasaciones para conocer el valor exacto del abandonado hotel de Sóller. Delgado aseguró que, pese a no ser una propuesta de su Govern, decidió heredar el proyecto y proceder a la compra del Rocamar. Sin embargo, el juez, que tuvo algún rifirrafe con Delgado durante su interrogatorio, le señaló que el Govern que representaba no tenía ninguna obligación de asumir esta obra, pues podía rechazarla y dedicar el dinero a otras cosas. Sin embargo, el exconseller aseguró que no podía parar este proyecto, respuesta que para nada convenció al magistrado, que no tiene ninguna intención de archivar la causa, sino todo lo contrario, es decir, llevar el caso ante un tribunal para que sea juzgado.
Otra de las sospechas que rodean este caso, comprobado por el juzgado, es que la conselleria de Turismo, durante la tramitación de la compra, jamás contactó con el Ayuntamiento de Sóller para constatar cuál era la situación del edificio, que llevaba años abandonado.
Inmueble abandonado
El consistorio había acumulado un amplio dossier sobre el Rocamar, que dejaba muy claro que se trataba de un inmueble abandonado desde hacia años y que no se podía reformar. Los funcionarios que realizaron el informe que utilizó la conselleria de Turismo para establecer el precio a pagar se basaban en que no existía una declaración oficial de ruina. Sin embargo, ni siquiera se plantearon la posibilidad de otras fórmulas para ahorrar dinero, como por ejemplo la misma declaración ruinosa o la expropiación. Los funcionarios mantienen que estos trámites son lentos y hubieran retrasado la compraventa. Sin embargo, la fiscalía y el juez entienden que no había ninguna prisa por adquirir el edificio, puesto que llevaba años abandonado y si se hubiera expropiado, o tramitado la declaración de quiebra, el Govern se habría ahorrado mucho dinero. Los investigadores no se creen que en la Conselleria no se conociera la fórmula de la expropiación, puesto que en el informe que presentó el perito externo Pere González Nebreda, que la Conselleria rechazó, ya apuntaba esta fórmula. Delgado afirmó que los tres peritajes establecieron valoraciones muy distintas y los funcionarios utilizaron la más barata.
