El Consell de Mallorca instará la venta de los bienes de la expresidenta de UM, Maria Antònia Munar, para resarcirse de los doce millones perdidos por la venta, en 2006 y a mitad de su valor de mercado, de los solares de Can Domenge. La sentencia, dictada en julio del 2013 por la Audiencia de Palma y ratificada después por el Tribunal Supremo, se halla en fase de ejecución y el pago de los doce millones también afecta a otros exlíderes de UM como Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer y Bartolomé Vicens.

La Audiencia de Palma sentenció que el Consell de Mallorca, que presidía Munar en esa época, podía haber obtenido 45 millones de euros por aquellos terrenos, por los que Sacresa solo pagó treinta millones de euros. Las pérdidas ascendieron así a quince millones de euros.

Ramón Sanahuja, presidente de Sacresa, selló un pacto con la fiscalía anticorrupción y el Consell de Mallorca para confesar los delitos cometidos en la adjudicación de los solares y a cambio recibió una pena de no cumplimiento. Sacresa también se comprometió a pagar tres millones de euros al Consell, que renunció a reclamar la responsabilidad civil contra ella.

Distribución de cuotas

La Audiencia dispuso que Munar, Nadal, Vicens y Flaquer tenían que indemnizar al Consell en los doce millones restantes. El pago de esa suma debe ser de forma solidaria entre los cuatro exdirigentes de UM, pero el tribunal hizo una distribución de cuotas de acuerdo al papel más o menos protagonista de los condenados en la trama.

Vicens, Munar y Nadal aparecen así como los reos que deberán pagar el 85% de los doce millones (a un 28,3% cada uno), mientras que Flaquer solo responde del 15% restante.

En la ejecución de la sentencia, el Consell, representado por Miguel Coca, ha podido recuperar una pequeña parte de los12 millones. De momento se han vendido algunos bienes de Nadal, que lleva años en la cárcel, y se ha embargado una nómina de Flaquer.

Otras cargas

El Consell no ha tirado la toalla en su afán por recuperar los 12 millones (más los intereses legales desde la calificación del caso hasta su completo pago), pero sobre los inmuebles de los condenados pesan otras cargas, debido a embargos por otras sentencias judiciales e hipotecas.

La idea es sacar a la venta el máximo de patrimonio de Munar, Vicens y Nadal. El proceso, según fuentes jurídicas, puede durar años. Munar lleva desde 2013 privada de libertad en la cárcel de Palma, donde entró tras esta condena.