El Ejecutivo balear tiene casi a punto la nueva Ley del Govern en la que, entre otras cuestiones, desaparecerá el aforamiento de president y consellers, de tal manera que cuando se apruebe la reforma del Estatut d'Autonomia para eliminar esta protección a los diputados la legislación balear ya esté adaptada. El pasado miércoles se constituyó en el Parlament la ponencia de estudio para la reforma del Estatut con el fin de eliminar la figura del aforamiento de los diputados, una protección por la cual no son procesados y juzgados por jueces de instancia sino por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) o por la Sala Penal del Tribunal Supremo fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. El Estatut establece, en el capítulo sobre el Govern, que en lo que se refiere al president, vicepresidente y consellers se aplicará el mismo sistema que a los diputados.

La actual Ley del Govern, aprobada en 2001 por el primer Pacto de Progreso, contempla esta mención al aforamiento del Ejecutivo, que hace meses comenzó a preparar un anteproyecto para modificarla en varias cuestiones, en unos casos para adaptarla al Estatut d'Autonomia de 2007 y en otras para incorporar nueva normativa. Entre los aspectos que recogerá el texto, según informó la conselleria de Presidencia, se encuentra la incorporación de normas del buen gobierno y los principios del Código Ético aprobado en mayo de 2016.

Este Código Ético no tiene rango de Ley y solo ata al actual Govern, cuyos cargos y asesores deben comprometerse a cumplirlo, pero no contempla ninguna sanción para quienes lo incumplan. Al incluir sus principios en la Ley del Govern sí serán de obligado cumplimiento para todos los Ejecutivos desde el momento en el que se apruebe. El Código Ético regula los comportamientos relativos a la imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones, no incurrir en conflictos de intereses, transparencia, la austeridad en el uso de fondos públicos en el ejercicio del cargo y la integridad.

En la futura Ley, además, se eliminará la posibilidad de blindar un expediente por la vía de incluirlo como parte de las deliberaciones secretas del Consell de Govern, de tal modo que los informes y documentos que acompañen a la toma de decisiones serán públicos.

Regulación

Junto a ello, el texto regulará el funcionamiento del Govern en funciones, es decir, durante el tiempo que pasa hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo una vez se celebran elecciones autonómicas,o por el cese del Govern por dimisión, incapacidad o defunción del president, por pérdida de confianza del Parlament o por una moción de censura.

Así, el Govern en funciones quedará más sometido al control del Parlament y, además, deberá aprobar una memoria exhaustiva del estado en el que se encuentran los asuntos pendientes de cada Conselleria, el estado de ejecución del presupuesto, la situación en la que se encuentran las arcas autonómicas y los importes de las obligaciones pendientes de pago, de los compromisos que afecten a los dos siguientes ejercicios y de las operaciones de endeudamiento concertadas para el año.

Asimismo, se incluirá una mayor regulación de la participación ciudadana con el fin de contemplar mecanismos de consulta previa y la posibilidad de intervenir en el procedimiento para la toma de decisiones.