El Govern y el Consell andan a la greña por las competencias en materia de residuos. Al contrario de lo que se pueda pensar, ninguna de las dos instituciones las quieren y las endosan al otro.
El motivo tiene miga y es que la Unión Europea ha amenazado con imponer una cuantiosa multa a las comunidades autónomas que no cuenten con un plan de gestión de residuos que, en el caso de Balears, debería haber estado aprobado a finales de 2017. El Govern cree que quien tendrá que pagar la sanción son los consells y el de Mallorca considera que debe ser el Ejecutivo autonómico.
El área de Medio Ambiente del Consell está gestionada por Podemos, mientras que la del Govern la dirige Més. Ello está provocando un choque entre ambos partidos, especialmente en el Consell que los nacionalistas cuentan con la presidencia y miran hacia el otro lado cuando la titular insular de Medio Ambiente, la podemita Sandra Espeja, arremete contra el responsable ambiental del Govern, Vicenç Vidal, amigo y del mismo pueblo y partido que el presidente, Miquel Ensenyat.
El problema surge cuando ninguna de las cuatro instituciones insulares ha cumplido los plazos en la aprobación de sus planes de residuos. Ante esta situación, el Govern mantiene que las competencias son de los consells y cada isla debe elaborar su plan para ellos unificarlos y presentarlos ante Bruselas. Sin embargo, la institución insular de Mallorca considera que quien tiene que hacerse cargo de las responsabilidades y de asumir la millonaria sanción es el Govern, al tratarse de una medida de ámbito autonómico que engloba a todas las islas.
Sandra Espeja (Podemos), aseguró durante el último pleno del Consell, celebrado la pasada semana, que el Govern tiene todas las competencias en los residuos peligrosos. Por este motivo le corresponde la elaboración de un plan de gestión autonómico, que es el que exige la Unión Europea para evitar la sanción que se presume millonaria. El Consell entiende que la conselleria de Medio Ambiente del Govern, dirigida por Vicenç Vidal (Més), les quiere endosar la responsabilidad, cuando ellos solo tienen competencias en Mallorca sobre residuos no peligrosos.
No obstante, Vidal le remitió una extensa carta a Espeja. En ella, entre otras muchas cosas, le indica que el Govern lo que tiene que hacer es aglutinar los Planes de Gestión de Residuos insulares de Mallorca, Menorca Eivissa y Formentera para unificarlos y presentarlos como el plan autonómico que exige la Unión Europea.
Mallorca y el resto de islas van muy retrasados en su plan insular para gestionar los residuos y consideran que el Govern debe elaborar uno autonómico para frenar la sanción. "La Unión Europea -indica Vidal en su misiva a Espeja- en su dictamen en el que motivó las advertencias de sanción, cuando cita planes de gestión de residuos, se refiere a los consells exponiendo que por la documentación que obra en poder de Bruselas se desprende que cada una de las cuatro islas del archipiélago dispone de su propio plan de gestión de residuos, pero todos ellos son anteriores a la aprobación de la nueva directiva europea y necesitan adaptarse".
Indignación en Podemos
La misiva remitida por Vidal no ha gustado nada al departamento insular de Medio Ambiente que dirige la podemita Sandra Espeja. Entienden que el Govern les pasa la patata caliente de asumir la posible sanción cuantiosa de la Unión Europea. Espeja aseguró a este periódico que están negociando con el Govern, pero mostró su escepticismo ante la posibilidad de hallar un acuerdo.
Vidal concluye su misiva a Espeja indicándole que la redacción de la nueva Ley de Residuos es un buen momento para "precisar el alcance de las competencias de los consells en materia de residuos y perfilar los instrumentos de planificación. Estamos dispuestos a seguir hablando para adaptar los planes de gestión de residuos a la normativa europea y estatal y conseguir los objetivos que Govern y Consells compartimos".
