Los fiscales de Palma han acordado en una junta pedir al ministerio de Justicia, la fiscalía general del Estado, encabezada por Julián Sánchez Melgar, y la secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears la suspensión, por falta de medios materiales y humanos, del papel cero o implantación del expediente digital.

Los fiscales se reunieron el martes por la tarde para analizar el "caos" que se ha creado con la intensificación en Palma del papel cero, un proyecto que también está causando disfunciones a jueces, secretarios y funcionarios.

Los reunidos aprobaron, de manera casi unánime (hubo un voto en contra), hacer un llamamiento a las instancias antes mencionadas para dejar constancia de la "inviabilidad" del cambio y pedir una suspensión de la reforma.

Documentos que no aparecen

Los fiscales se quejan de que su trabajo se ha ralentizado o casi imposibilitado por el expediente digital, un cambio al que no se oponen, siempre que se haga con los sistemas informáticos adecuados, la formación del personal (apenas se les ha dado una clase de los nuevos programas) y las garantías de que se cumplen las leyes en todos los trámites.

El principal obstáculo para el papel cero es que fiscalía trabaja con un sistema informático, el Fortuny, distinto al de los juzgados y tribunales, el Minerva.

Esta diferencia se traduce en que cuando los fiscales quieren acceder a algún expediente de los juzgados, a través de otro programa llamado Visor, se dan errores y en Fortuny no aparecen determinados documentos.

Una fiscal se quejó, por ejemplo, de que tenía que calificar una agresión sexual y no podía acceder a las declaraciones del imputado porque no le aparecían en el ordenador. Requirió al juzgado esas declaraciones y le contestaron que era un problema de la fiscalía.

En los juzgados, según las nuevas directrices, solo se pueden conservar en papel documentos originales, como las declaraciones firmadas de testigos e imputados. Los atestados, que llegan al juzgado a través de internet desde la Policía, se pueden imprimir para consultarlos, pero esa copia debe ser destruida después.

Los fiscales también denuncian que hay sumarios muy grandes que resulta imposible manejar digitalmente con los medios de los que se dispone y que trámites que antes eran casi automáticos ahora cuestan hasta diez minutos.