La orden religiosa de las Jerónimas no ha tirado la toalla en su reivindicación del convento palmesano de Sant Jeroni Sant Jeroniy ya están preparando una nueva demanda contra el Obispado -al que la Audiencia reconoció en septiembre su derecho a inmatricular el monasterio a su nombreal que la Audiencia reconoció en septiembre su derecho a inmatricular el monasterio a su nombre-, para acreditar que el deshabitado recinto les pertenece. La nueva acción legal es distinta a la que la orden religiosa intentó hace un tiempo y que se saldó con dos sentencias en su contra.

Las Jerónimas se han puesto en contacto con un experto en derecho civil para pergeñar una acción declarativa de dominio, es decir una demanda que reafirme que Sant Jeroni es de su propiedad. La parte demandada será el Obispado, que en tiempos de monseñor Javier Salinas inmatriculó el convento a su nombre y que ha perturbado la propiedad de las monjas.

El nuevo recurso a los tribunales sería, según fuentes próximas al caso, la explicación de que las Jerónimas no hayan entregado al Obispado las llaves de Sant Jeroni, un edificio que requiere obras urgentes para evitar su deterioro.

El nuevo camino judicial se apuntó en cierta manera en la sentencia de la sala quinta de la Audiencia que dio la razón a la Diócesis frente a las Jerónimas.

El tribunal explicó que en ese pleito no se estaba discutiendo quién es el propietario del monasterio, algo por otro lado que se atribuyen las dos partes. Lo que se sentenció fue la validez de unos certificados emitidos por Javier Salinas y que dieron pie al Obispado a registrar el recinto religioso a su nombre, algo que también se confirmó.

Las primeras que impulsaron la inmatriculación fueron las religiosas, que solicitaron al obispo Javier Salinas unos certificados para fundamentar esa inscripción. Sin embargo, fue la Diócesis la que acabó inmatriculando las fincas que integran Sant Jeroni.

Ahora lo que se discutirá ante los tribunales es si el monasterio pertenece a las Jerónimas o es propiedad del Obispado, que lo habría ido cediendo al paso de tiempo a diferentes órdenes religiosas. Las partes tendrán que aportar documentos y datos de registros históricos para avalar sus respectivas tesis. En el pleito anterior las demandantes alegaron que llevaban muchos años viviendo en clausura en Sant Jeroni, pero la Audiencia insistió en que no estaba acreditada su propiedad del recinto.

Los documentos del catastro aparecen a nombre de la congregación. Pero, que en el catastro figure reflejado un determinado nombre, según la Audiencia, no demuestra la propiedad del inmueble y no es razón suficiente para impedir que el Obispado de Mallorca instara la inmatriculación del mismo. El Obispado, para justificar la inscripción, se basó en un antiguo convenio entre el Estado y la Santa Sede.