El pleno del Parlament validó ayer el Decreto Ley del Govern de medidas urgentes para agilizar la realización de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales. El Decreto contó con el respaldo de los partidos del Pacto y El Pi y la abstención del PP y Ciudadanos. Por primera vez una diputada, Silvia Tur, de Gent per Formentera, ejerció el voto telemático, al encontrarse enferma.
El conseller de Territorio, Marc Pons, resaltó que este Decreto Ley, aprobado por el Govern el pasado 19 de enero, permitirá "ganar tiempo y agilizar" la ejecución de "proyectos estratégicos", como la escuela de Caimari o las actuaciones para el hospital de Son Dureta.
Antònia Perelló, del PP, afirmó que el Decreto "obvia la planificación" y "se carga un principio básico del urbanismo" para hacer "urbanismo a la carta". Para la diputada popular, el Govern ha adoptado esta iniciativa por "motivos electoralistas" con el fin de poder "vender proyectos" a los ciudadanos antes de las elecciones de 2019. Olga Ballester, de Ciudadanos, también consideró que el Govern "ve que las infraestructuras no se han realizado cuando solo falta un año para las elecciones" y ahora decide agilizarlas a través de este Decreto Ley.
Los partidos del Pacto rechazaron estas acusaciones y afirmaron que es el PP el que hacía "urbanismo a la carta" cuando gobernaba.
