Caso Rocamar

Un sindicalista afirma que fue engañado en la operación Rocamar

Ginés Díez afirma que el exconseller Delgado exigió el apoyo total de la junta rectora que aprobó la compra

13.02.2018 | 19:12

Ginés Díez, el representante del sindicato Comisiones Obreras que actuaba como vocal en la junta rectoral del consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos, afirmó esta mañana al juez que "se siente engañado" por la operación de compra del hotel Rocamar, acusando tanto al exconseller Carlos Delgado, como al entonces director general, Jaime Martínez, de haberle ocultado información sobre este proyecto.

Díez fue citado esta mañana como investigado por el juez que investiga la operación Rocamar, debido a que el representante sindical estuvo presente en la reunión en la que se decidió aprobar la compra por un valor superior al que había indicado el perito externo que fue contratado para calcular el valor del derruido hotel del Port de Sóller.

El representante sindical explicó que, ni él, ni su compañero Antonio Copete, que declaró ayer, tuvieron a mano los tres peritajes que se solicitaron para valorar el inmueble, pero que siempre apostaron por decantarse por el estudio que realizaba una valoración más económica del edificio.

Uno de estos estudios establecía que del valor total del edificio, había que descontar el precio del derrumbe del inmueble, que debía correr a cargo del propietario.

Este estudio fue rechazado, con la excusa de que el Rocamar, a pesar de su lamentable estado, no tenía una declaración oficial de ruina. Precisamente, sobre este requisito administrativo se basa la estrategia de la defensa, que mantiene que el edificio se compró a precio de mercado, a pesar de que el Govern tuvo que asumir después el coste del derribo, que alcanzó un precio de casi 600.000 euros.

El representante sindical, que se negó a contestar a las preguntas de la defensa y solo quiso hacerlo a las cuestiones que le planteó la acusación, mantuvo que después de publicarse en este periódico las irregularidades que se habían detectado en la operación, el entonces conseller Delgado les citó para una reunión del consorcio.

En este encuentro, Delgado les exigió que debían aprobar por unanimidad un apoyo absoluto a los funcionarios de la conselleria que habían redactado un informe sobre el precio del edificio. Se trataba del informe que avaló el precio, de casi un millón de euros, que se pagó al dueño del hotel abandonado, un precio muy superior al que planteaba el perito externo. Los funcionarios, que están imputados en esta causa, mantienen que no se podía descontar el precio del derrumbe, puesto que no existía una declaración oficial de ruina sobre el hotel, pese a que llevaba años abandonado.

Los otros tres integrantes de la junta rectora de esta empresa pública, representantes de distintas consellerias, manifestaron que no apreciaron nunca ninguna irregularidad en el proceso y coincidieron en que se dejaron guiar por el criterio de los técnicos, que desaconsejaban que se iniciara un expediente de ruina, debido a que es un proceso muy largo y existía el interés en terminar con la operación Rocamar, dado que era un proyecto que se había iniciado en la anterior legislatura.

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