El sindicato médico (simebal) ha emitido un comunicado en el que ha explicado por qué votó en contra del decreto del catalán el pasado viernes y, entre los motivos esgrimidos, ha destacado que a su entender imponer el catalán como requisito en la sanidad pública de las islas tendrá un efecto disuasorio para la llegada de nuevos profesionales y, ha alertado, además podría "afectar al derecho de libre circulación de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud".
No obstante, el comunicado realiza un guiño inicial a los catalanoparlantes que podrían sentirse ofendidos con su tradicional postura al recalcar que "en primer lugar, queremos expresar que simebal está a favor de medidas de apoyo para la implantación progresiva e incentivada del conocimiento de la lengua catalana en el ámbito de los profesionales de la sanidad pública balear, como no puede ser de otra forma, en sintonía con la especial protección que la Constitución le brinda en su artículo 3.2 y 3.3".
No obstante, a continuación el comunicado señala que "simebal ha sido coherente con la postura que ha mantenido a lo largo de su historia, postulando que para los facultativos sanitarios dicho conocimiento debe constituir en todo caso un mérito para el acceso a los puestos, pero no un requisito sine qua non, por los notorios inconvenientes que puede suponer para la atracción de médicos a las Baleares y por afectar al derecho de libre circulación de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud". Simebal considera que supeditar los concursos de traslados a un conocimiento lingüístico vulneraría el artículo 139.2 de la Constitución.
Tras valorar las últimas modificaciones introducidas en el decreto, sostienen que "nos hemos opuesto porque el decreto establece que será requisito necesario para el acceso a la carrera profesional en el IB-Salut. Entendemos que esta previsión es contraria a derecho, pues los conocimientos que se valoran y se premian a través de la carrera son y deben ser los meramente profesionales".
Así, califican de medida "arbitraria y desproporcionada" impedir el acceso a la carrera profesional por la ausencia de un certificado lingüístico. Y sostienen que el fin perseguido por este complemento salarial es el derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional. Por ello concluyen que "impedirles el acceso a la valoración de esas circunstancias para poder progresar es inadmisible desde la perspectiva legal y sindical".
Por último, califican de "inaceptable" que solo se pueda acreditar el catalán a través de determinados certificados y recuerdan que en el ICS (Institut Català de la Salut) quien no pueda aportarlo es admitido a las oposiciones y que el tribunal puede acreditar el conocimiento tras una "mera conversación" con el candidato, concluyen diciendo ignorar los motivos por los que el IB-Salut ha rechazado esta propuesta suya.
