Ahora tratan de vender el decreto final sobre el catalán en la sanidad como una muestra de unión entre los socios de Govern y un win-win, pero no cuela: son demasiados meses de parálisis, reproches (más o menos silenciados) y contradicciones entre Més y PSIB. Todo comenzó en julio cuando Juli Fuster publicó una resolución eximiendo del conocimiento de una lengua cooficial a médicos y enfermeras. El STEI reaccionó, Més reaccionó, la resolución fue al cubo de la basura. El Govern presidido por el PSIB reculó y dio un importante papel a la dirección de Política Lingüística (de Més) en la redacción de un nuevo decreto (hoy muerto). Parece que ha pasado un siglo, pero lo que ha pasado ha sido una apisonadora (un avión con destino a Punta Cana, en realidad) por encima del partido econacionalista. Con un inminente congreso con dos candidatas y con la mochila del Caso Contratos, Més no negociaba ahora con el mismo músculo que antes, mientras el PSIB temía que la polémica le pasara factura electoral. En definitiva, el Govern equilibrista ha llegado a esta medida 'fifty-fifty', un parche para una situación enquistada que tenía a miles de personas en vilo, pendientes de unas oposiciones que parecía que nunca iban a llegar. (Preguntas: ¿No salió este tema cuando negociaron los Acuerdos por el Cambio hace tres años? ¿No se trató y acordó al principio de la legislatura?). Al Sindicato Médico no le basta lo conseguido y rechaza que los facultativos no puedan acceder a la carrera profesional si a los dos años de sacarse la plaza no acreditan un nivel B1 de lengua catalana. La carrera profesional es un complemento, un extra que se otorga si se cumplen una serie de variables. Los médicos pueden no asumir esa mínima exigencia de catalán y seguir dando batalla, pero que no se extrañen si no encuentran respaldo social en su lucha por su plus salarial.
