Finalmente se podrá trabajar en el Servei de Salut sin saber una palabra de catalán. A las personas que obtengan un puesto de trabajo sin el requisito idiomático y que sigan sin acreditarlo una vez transcurridos los dos años establecidos como moratoria para hacerlo, solo se les podrá penalizar impidiéndoles cambiar de puesto de trabajo en las islas y vetándoles un acceso primario al complemento de la carrera profesional, plus salarial que reconoce el esfuerzo de los profesionales sanitarios por formarse para estar al día.
Así lo admitió el director general del IB-Salut, Juli Fuster, al término de la comisión técnica celebrada ayer con los sindicatos sanitarios en la que se les hizo entrega del borrador del nuevo decreto que regulará el uso del catalán en la sanidad pública de las islas y que será votado en la convocatoria de mesa sectorial fijada para mañana, viernes.
A juicio de Fuster, este imposibilidad de acceder a la carrera profesional sin acreditar antes el nivel de catalán obligará a los sanitarios a sacárselo ya que si no, subrayó, "van a perder dinero".
Esta supeditación del conocimiento idiomático al acceso a la carrera profesional así como que, al menos sobre el papel, el catalán siga siendo un requisito y no un mérito para trabajar en la sanidad pública de las islas, son las dos líneas rojas que el sindicato médico (Simebal) ha adelantado que no tolerará que se traspasen y que previsiblemente le harán votar en contra de este nuevo texto.
Tres mil euros anuales
Así lo reiteró el doctor Sergio Terrazas, que acudió ayer a la comisión técnica en representación del Simebal y que, ante la pregunta de cuánto dinero dejaría de percibir un facultativo que no pudiera acceder al primer nivel de la carrera profesional por no acreditar el B1 de catalán exigido ahora para esta categoría profesional, respondió que 250 euros mensuales. Unos tres mil al año por no sacarse un nivel idiomático "básico", en opinión de Fuster, que supondrá "una penalización suficiente como para que cumplan con la obligación", estimó.
Pese a las discrepancias del sindicato médico, el máximo responsable del Servei de Salut recalcó que "veo coherente que se exija para acceder por primera vez a la carrera profesional porque si una persona oposita aquí y luego opta a la carrera profesional quiere decir que se quiere quedar a vivir aquí", interpretó.
El director general subrayó que este decreto permitirá a todos los profesionales sanitarios participar en la oferta pública de empleo que el Servei de Salut convocará entre este año y el siguiente -unas cinco mil plazas- sin tener que acreditar ningún nivel de catalán y recalcó que, una vez obtenida la plaza, nadie podrá ser desposeído de ella.
De esta manera, admitió veladamente, se garantiza la celebración de estas oposiciones y se evitan las más que previsibles impugnaciones de los candidatos que fueran excluidos por no acreditar el conocimiento del idioma cooficial de las islas.
Se ha rebajado un grado el nivel de catalán exigido a todas las categorías profesionales, excepto a los administrativos, y se establece un "requisito en diferido" de este conocimiento idiomático a cumplir en un plazo de dos años a partir de la obtención de la plaza que solo será penalizado en caso de incumplimiento con las dos medidas mencionadas más arriba.
Sobre las contrataciones temporales de Navidad y verano para cubrir los vacaciones que los trabajadores titulares se cogen en estas fechas, Fuster señaló que la moratoria de dos años se les empezará a contar desde el primer contrato que se les haga con este decreto en vigor pero que, en su caso, "no habrá ninguna penalización si pasan estos dos años y no se acredita". Así, para acceder a la bolsa de trabajo para estas contrataciones no se exigirá tampoco el conocimiento del catalán.
Técnicos excluidos
En respuesta a los técnicos de enfermería (SAE), que reclamaron adaptar al nuevo decreto unas oposiciones de su categoría profesional ya convocadas en las que salen a concurso un total de 168 plazas y en las que se habría excluido a cerca de 500 candidatos por no haber acreditado el nivel B1 del catalán que se les exigía entonces para participar (ahora se les ha rebajado hasta el nivel A2 y dándoles dos años de plazo), Fuster se comprometió a buscar una fórmula legal para hacerlo. En caso de no hallar encaje jurídico, el director general recordó que en la macrooposición que se realizará para reducir el nivel de contratos interinos en el Servei de Salut "se ofertarán novecientas y pico plazas de esta categoría profesional.
También respondió a las críticas del coordinador del CSIF en Mallorca, Guillem Vila, que consideró un "agravio comparativo" que al personal administrativo del IB-Salut, trabajando en la misma empresa, se les exija un nivel más alto de catalán sin el que ni siquiera pueden optar a participar en la oposición. En este sentido, el alto cargo sanitario recordó que "los auxiliares administrativos dependen de Función Pública" y que con ellos no se puede hacer esta discriminación.
Pese a ello, Fuster concluyó asegurando que este decreto cumple con la Ley de Función Pública aprobada en abril de 2016 y que todas las excepciones, rebajas de nivel idiomático y moratorias para acreditarlo obedecen a una única causa: conciliar la escasez de personal sanitario con el derecho de los usuarios de Balears a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de esta comunidad.
Por último, el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, se congratuló del, a su juicio, "paso hacia el sentido común" dado con la modificación del decreto pese a que siguió estimando que el catalán debe ser un mérito y no un requisito para trabajar en la Administración.
