Bruselas ha solicitado a las comunidades autónomas que se oponen a la implantación de gasolineras desatendidas, entre ellas Balears, que elaboren sus respectivos informes para justificar este rechazo, que en el caso del Govern se sustenta principalmente en la falta de garantías que estas instalaciones conllevan para los consumidores.
El director general de Consumo, Francesc Dalmau, ha afirmado que tras esa reunión celebrada el martes mantiene algo más de optimismo respecto a que sus argumentos puedan ser escuchados, pero no oculta que sigue siendo muy difícil que la Unión Europea acepte ese veto porque "parece que el único factor que interesa para favorecer al consumidor es el precio".
Dalmau ha señalado que ha hecho especial hincapié en que las estaciones de servicio sin trabajadores suponen un problema para las personas con dificultades de movilidad, tanto en relación a posibles minusvalías como por edad.
