Las compañías eléctricas no suelen despertar grandes simpatías. Quizá sea porque a lo largo de una de las peores crisis económicas que se han vivido en este país continuaron elevando los precios de un recurso básico y ganando millonadas, sin que les temblara la mano a la hora de dejar sin luz a familias que no podían pagar las facturas. O porque sus consejos de administración estén repletos de ex altos cargos políticos -con Felipe González y Aznar a la cabeza- que se llevan sustanciosas remuneraciones a cambio de no se sabe muy bien qué. Pero ello no debe desviar la atención sobre el asunto que revela esta información: los empalmes ilegales a la red eléctrica no son solo un fraude, son un peligro para todos. Y la extensión de esta práctica, con más de 3.000 casos descubiertos en los últimos tres años, no se debe a familias con apuros económicos, sino a auténticos delincuentes. La gente normal economiza en cualquier aspecto de su vida antes de dejar de pagar la hipoteca o el alquiler... y la luz. Y por lo general, el que hace un empalme ilegal lo hace porque es un caradura o directamente un delincuente. Y ojo, al final sus facturas las pagamos entre todos los demás usuarios, por no hablar del grave riesgo de electrocución o incendio en en el que pone a todos sus vecinos.
