El conflicto que se generó hace más de una década entre los antiguos socios que fundaron la Policlínica Miramar, uno de los centros médicos más prestigiosos de la isla, ha llegado a su fin. La Audiencia de Palma ha dictado su última sentencia. El tribunal de la Sección Tercera, en un pleito civil, ha condenado al doctor Cristóbal Pizà, uno de los antiguos socios mayoritarios de la sociedad que explotaba el hospital, a pagar a la empresa dos millones de euros. Se trataría de los beneficios que obtuvo por las maniobras irregulares que realizó, junto al ya desaparecido doctor Dalmau, que perjudicaron al tercer socio, Pau Ramis y, lógicamente, a la sociedad Agrupación Médica Balears (Ameba), en estos momentos desvinculada de la clínica.

El doctor Cristóbal Pizá fue ya condenado hace dos años en una causa penal. El acusado se declaró culpable de un delito económico tras alcanzar un acuerdo su abogado y la acusación, no solo representada por el fiscal, sino por otras partes perjudicadas por su gestión. El tribunal se limitó a imponer la pena de un año de prisión, pero no pudo pronunciarse sobre la responsabilidad civil, puesto que los perjudicados anunciaron que reclamarían los perjuicios sufridos en un procedimiento civil. Los daños se cuantificaron en dos millones de euros.

Ahora, casi tres años después de ser condenado por la causa penal, la Audiencia ha vuelto a pronunciarse sobre el conflicto de la Policlínica, pero ahora lo ha hecho un tribunal civil. La Sala condena a Pizá a indemnizar a la empresa Ameba con dos millones de euros.

El tribunal se guía sobre el relato de hechos probados que narró la sentencia del tribunal penal. Así, se señaló que Pizá y Dalmau, puestos en común, crearon la llamada sociedad Consaba. Ambos eran administradores solidarios. Esta sociedad se adjudicó determinados servicios médicos que se prestaban en la Policlínica, como por ejemplo la diálisis, la hemodiálisis, el TAC o la densiometría. Todo eran beneficios para la empresa de los dos socios, puesto que los gastos que se generaban por los servicios que prestaba corrían todos a cargos de la propiedad de la Policlínica. Es decir, estos gastos los sufragaba la sociedad Ameba, mientras que todos los beneficios que generaban estas especialidades médicas los recogía la sociedad Consaba.

Esta forma de actuar en la Policlínica siempre se ocultó al resto de los socios que tenían acciones en la sociedad Ameba. Para camuflar los datos económicos los responsables de la entidad médica desarrollaron una doble contabilidad. En la primera de ellas se anotaban los datos económicos llamados "transparentes", que eran las cuentas oficiales que se presentaban públicamente. Y la otra contabilidad servía para ocultar los ingresos opacos, es decir, la llamada caja b de la Policlínica, que según reconoció el propio Pizá en el juicio, se utilizó para ocultar estos beneficios tanto ante sus propios socios, como ante la Hacienda Pública. Al ser descubierta la doble contabilidad los socios tuvieron que presentar posteriormente declaraciones de renta complementarias.

La explotación de estos cuatro servicios médicos específicos dentro del cuadro sanitario que ofrecía la Policlínica se desarrolló durante diez años. En concreto, desde 1995 a 2005. Los hechos los denunció el doctor Pau Ramis, que se consideraba, no solo engañado por sus socios, sino también perjudicado porque la sociedad matriz de la clínica asumía todos los gastos que generaban estos servicios, mientras que los ingresos se cargaban siempre a favor de la sociedad Consaba, de Pizá y Dalmau. La sentencia de la Audiencia señala, basándose en un estudio económico, que los ingresos irregulares que obtuvo esta sociedad alcanzaron los dos millones de euros. Debido a que en su momento Ameba no recibió un solo euro de estos beneficios, ahora tendrá que devolvérselos el doctor Pizá.

A pesar de que el exsocio de la Policlínica confesó en el juicio penal la doble contabilidad y, por tanto, reconoció el daño que había ocasionado al resto de accionistas, intentó hasta la última instancia judicial evitar afrontar esta elevada cuantía económica. Entre otros argumentos señaló que no fue una actuación individual, sino junto a su antiguo socio, y planteó la posibilidad de que también se actuara contra los herederos del doctor Dalmau. Sin embargo, esta posibilidad la rechazan los jueces. La sentencia de la Sala Civil de la Audiencia recuerda que el antiguo socio se declaró culpable del delito que le imputaban y, por tanto, confesó la irregularidad económica. El conflicto judicial de la Policlínica se ha prolongado durante más de diez años. Esta sentencia pone punto y final.