Cuando no leo el BOIB, me entrego al BOE con igual devoción. Allí descubro este viernes la orden del ministerio de Justicia que expide "la Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa Villa Real a favor de don Fernando Toll-Messía Gil". Traducido al mallorquín, el Síndic de Comptes de Balears nombrado a instancias de Podemos, solicita y logra de Felipe VI el acceso al marquesado por mediación de un ministro del PP, el acreditado antidemócrata Rafael Catalá. La vida es pura contradicción.
El nombramiento del nuevo Marqués de Casa Villa Real como Síndico de Cuentas por la cuota de Podemos responde a una iniciativa de Alberto Jarabo. El acceso al título se produce mortis causa, por fallecimiento del progenitor del nuevo titular. Toll-Messía me recordaba en una entrevista que "mi familia paterna son aristócratas, mi padre es marqués y conde". Dado que soy el único mallorquín ajeno a Podemos que considera que el Síndic cumple con los requisitos para desempeñar su cargo no nobiliario, cedo gratuitamente esta información a los carroñeros para que despedacen al partido morado.
A propósito, las banderas españolas colgadas en los balcones de las casas señoriales de Palma, y no puede haber casa más señorial que la reproducida en la imagen que hoy nos ilustra, incorporan una corona bien inflada, para que quede claro que en el españolismo también hay clases, según refleja la Constitución. Entre quienes discuten la validez constitucional, Més quiere resolver su crisis de liderazgo con Guillem Balboa, en lo que sus diseñadores bautizaron como Operación Obama.
Sin necesidad de volar a Madrid, un viaje que conviene evitar por motivos de contaminación, les hemos ofrecido alguna noticia sobre la feria Fitur. Ahí va otra. El Govern no solo utilizó este zoco turístico para que los empresarios vapulearan a Francina Armengol. El ejecutivo autónomo aprovechó el viaje para dirigirse en persona a la sede del PP en Génova y reclamar los 212 mil euros de pagos en negro de la campaña de James Matas en 2007, precisamente según los cálculos de la Sindicatura de Cuentas.
Se pensaba que el acuerdo del Consell de Govern del 12 de enero sería remitido a la sede nacional por correo, pero el ejecutivo decidió personalizar el envío. En Génova se recibió al emisario balear, se registró la entrada del documento en papel que formulaba la restitución y se anotó el DNI del empleado que recibió la petición. En la sede del PP están más acostumbrados a las aportaciones que a las reclamaciones, según los dirigentes ahora juzgados. La duda no es si los populares devolverán el dinero, sino si lo entregarán en sobres.
Sin salir de Fitur, ignoraba que Carmen Riu gozara de tanto predicamento entre mis lectores, conmocionados al enterarse aquí de que había sufrido una fractura tras el encontronazo dialéctico con Armengol. Dentro de la normalidad, la consejera delegada de la cadena que lleva su apellido voló de Madrid a Palma con el brazo en cabestrillo, para someterse a una intervención del codo en la Policlínica. Una gratificante muestra de confianza en los cirujanos locales.
Las confesiones del secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en Gürtel refuerzan la sentencia de la Audiencia de Palma, que absolvió a la trama valenciana en el caso Infanta o Nóos. En efecto, resulta de todo punto impensable que en Valencia se contratara fraudulentamente a Urdangarin, a quién se le ocurre ni siquiera plantearlo. El tribunal fue tan preclaro que señaló que "en la actualidad resulta palmario que la actuación desplegada (en Valencia para contratar a Urdangarin) se hallaría al margen de la legalidad, pero en aquel momento lo cierto es que la administración se conducía del modo descrito". La fiscal del Supremo corrigió en su discurso esta volubilidad penal, recordando que "no le está permitido al Estado de Derecho dar acogida a actitudes que favorecen y dejan impune una conducta ilícita". Estos fiscales, siempre exagerando.
En la vecina España ha sorprendido que Francisco Pérez de los Cobos respondiera con un ignorante "¿me lo puede decir en español?" a las preguntas que le formulaban en inglés para acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cambio, en Mallorca no ha cundido el asombro, porque el catedrático de Derecho del Trabajo demostró en la UIB que no conoce ni reconoce ningún idioma que no sea el castellano. Su frase favorita era "dígamelo en español", que ha causado su desgracia. A propósito, ¿puede ocupar una cátedra quien falsea su currículum?, ¿no cambia siquiera ligeramente la valoración de su actividad como presidente del Constitucional? A cambio, encaja a la perfección como militante de mi partido popular.
Hay otro tipo de jueces. Miguel Ángel Aguiló Monjo pertenecía a la estirpe de Guillem Vidal. El magistrado del Tribunal Superior fallecido repentinamente esta semana privilegiaba lo sintético frente a lo discursivo, el peligro de su profesión. Captaba al instante lo nuclear de un asunto, aquel "localizar como al azar el párrafo medular en los legajos" que celebraba Andrés Ferret en los operadores jurídicos. Aguiló Monjo estaba alejado de quienes, como Llarena y compañía, degradan el conflicto jurídico a un enfrentamiento personal. Esta distancia sin ánimo vengativo alumbró su reciente obra maestra, el auto digno de Bertrand Russell en que dinamitó la querella contra los investigadores del caso Cursach.
Reflexión dominical parapsicológica: "M. Rajoy consigue frenar un AVE con el solo poder de su mente".
