La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, anunció ayer que el Govern retirará el decreto de guarderías si el Parlament aprueba la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Més per Menorca, que así lo exige al estar en contra de la medida.

Durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Santiago indicó que si el Parlament aprueba esta iniciativa el Govern "no tiene ninguna dificultad" en retirar el decreto, por lo que "asumirá esta demanda" y estaría dispuesto a dejar la regulación de las guarderías en manos de los Consells Insulars.

"Lo importante es que estas guarderías estén reguladas y sepamos en qué condiciones están más de 2.000 niños", recalcó la consellera.

Santiago subrayó que los Consells "tienen la competencia para poder regularlo" si bien recordó que a principio de legislatura lo descartaban.

Además, Santiago insistió en que pese al debate en torno al decreto "todo el mundo está de acuerdo" en la necesidad de regulación, si bien algún colectivo "considera que la oportunidad y el decreto no son la forma adecuada", admitió. Con todo, valoró como un "paso importante" que "política y socialmente ya se reconoce la necesidad de regular las guarderías".

Asimismo, la consellera de Servicios Sociales indicó que el Govern se está reuniendo con diferentes entidades implicadas en la elaboración del decreto.

Devolución del 0,7% del IRPF

El Consell de Govern acordó ayer reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy la totalidad del dinero recaudado en Balears mediante el 0,7% del IRPF, así como la negociación con las comunidades autónomas de un nuevo modelo de gestión tributaria.

El Ejecutivo balear invitó además a las entidades sociales y a las administraciones a unirse a esta reivindicación con el objetivo de formar un frente común ante el Estado.

Durante la reunión mantenida ayer en el Consolat también se acordó autorizar el pago anticipado de la subvención nominativa por valor de 1,2 millones de euros que se otorga a la Fundación Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) anualmente para atender los gastos derivados de su actividad.

El Tamib se dedica a la resolución de conflictos laborales individuales, colectivos o plurales en sustitución de la instancia administrativa y como actuación previa a la vía judicial. Su actuación, ha recordado Costa, es preceptiva es preceptiva como órgano de conciliación previa en los conflictos entre empresariso y trabajadores.