Juicio al IBAVI por un supuesto caso de acoso laboralacoso laboral. La gerente del organismo público, Maria Antònia Garcías, y el responsable del área económica, Jaume Ferrer, negaron ayer ante una juez de lo Social haber acosado a un trabajador que, según denunció, estuvo un año de brazos cruzados en el trabajo sin que sus superiores le asignaran alguna función y sin acceso informático a su carpeta de tareas.
En junio de 2015 hubo una discusión subida de tono y a la vista de varios trabajadores entre Ferrer y el denunciante, M. P., que elevó la tensión entre ambos. "Me enfadé y levanté la voz, pero no hubo insultos", aseguró Ferrer, defendido por Margarita Montaner.
Ya en septiembre M. P., el encargado de facturar los alquileres de los adjudicatarios de las viviendas públicas, decidió adelantar dicha facturación dos días. El denunciante aseguró que lo hizo porque la fecha habitual, el día 12, caía en sábado. Ferrer, en cambio, consideró que su subordinado se había "extralimitado", generando un perjuicio porque aquello implicaba que algunos adjudicatarios iban a tener que afrontar "tres recibos a la vez".
Así que el responsable del departamento económico decidió bloquearle el acceso informático. "Le apagué el ordenador para que se enterase de que no podía hacer lo que le diera la gana", subrayó Ferrer.
Tres días después, el 15 de septiembre, tomó posesión del cargo de gerente Maria Antònia Garcías. "El mismo día 16 ordené que le restablecieran el acceso", indicó Garcías, defendida por Miguel Moyá. "También se me informó de que había habido una discusión entre ambos. Entre todos acordamos un traslado de departamento", evocó la gerente.
Después de varias conversaciones en las que se implicó el comité de empresa del IBAVI se acordó que M. P. pasara al área de Fianzas. Un cambio de tareas y también de ubicación física.
"El 99% del día no hacía nada", lamentó el denunciante. "Comuniqué a gerencia que no tenía funciones ni se me daba formación para mis nuevas tareas. Me consta que Ferrer preguntaba si trabajaba. Y le respondían que no hacía nada porque no tenía aplicaciones ni formación suficiente", añadió M. P..
Garcías aseguró que no supo que el trabajador pasaba sus jornadas laborales de brazos cruzados hasta el 4 de agosto de 2016, casi un año después. Y negó que la empresa no le hubiera dado la formación necesaria para desarrollar sus nuevas tareas. "Él ya había trabajado en esa área con anterioridad. Nunca pensé que no era apto", destacó.
Durante el juicio se repasaron otros episodios de supuesto acoso laboral. M. P. denunció que era el único trabajador del edificio de Fianzas sin llave, lo que le obligaba a esperar en la puerta desde primera hora de la mañana a que le abriera algún compañero. Garcías se defendió diciendo que por aquel entonces se estaba cambiando la cerradura. Una testigo aseguró que esta situación duró "meses".
Sanción por su "temeridad"
Las defensas de Garcías y Ferrer coincideron en describir al denunciante como "un hombre conflictivo que ha actuado con mala fe", y reclamaron la desestimación de la demanda y una sanción al trabajador por su "temeridad". Moyá concluyó que Garcías "había sufrido un calvario por un acoso inexistente".
El letrado del denunciante reclamó al IBAVI diez mil euros por "el daño moral causado", aunque aclaró que se confomarían con una cantidad inferior porque "se busca una reparación moral, no económica". El juicio quedó visto para sentencia.
