Pablo Escribá, el catedrático de la UIB imputado por una presunta estafa con la venta del Minerval pudo suministrar dicho medicamento experimental a 40 euros el gramo, cuando a él le había costado a 14 euros el gramo, según han señalado fuentes próximas a la investigación. Por otro lado, el magistrado Enrique Morell, que en septiembre archivó el caso por no ver indicios delictivos y ahora lo ha reabierto parcialmente a instancias de la Audiencia, ha requerido a Escribá, que es el único imputado, la aportación de los justificantes de compra del Minerval que él vendía después a pacientes o a sus familiares.
La sala segunda de la Audiencia de Palma archivó en noviembre el grueso del caso Minerval, al entender que Escribá no engañó a sus pacientes prometiéndoles un remedio para el cáncer, sino que les facilitó un tratamiento en fase experimental y complementario de las terapias tradicionales.
Si se lucró con la venta
La Audiencia, no obstante, ordenó que se investigase si el también empresario se lucró con la venta del ácido 2-hidroxioleico (el Minerval), algo que éste ha rechazado. Según el doctor en Biología, nunca ganó nada con este producto, dado que lo facilitó a su precio de coste.
Las pesquisas han permitido acreditar que Pablo Escribá vendió el medicamento experimental desde 2004 hasta 2015. Inicialmente la molécula se fabricaba en Estados Unidos y era muy cara. Después, el precio del Minerval bajó al fabricarse en España.
En el sumario aparecen distintos laboratorios extranjeros que suministraban el producto, con precios de entre 73.000 euros y 14 millones de euros. El imputado asegura en esos documentos que él podía comprar el medicamento experimental a entre 18.000 y 25.000 dólares el kilo, dependiendo del cambio de divisas, de su condición de comprador habitual y de las comisiones aplicadas por los diferentes distribuidores.
Pablo Escribá ha manifestado que no ganó nada con esas transacciones y que pidió a los compradores que hicieran donativos a la Fundación Marathon, una entidad vinculada a él y dedicada al fomento de la investigación en biomedicina.
En medios próximos a la investigación se ve con mucho escepticismo el que pueda prosperar una acusación contra el investigador por estafa en el precio del producto. Nadie a lo largo de la instrucción ha manifestado sentirse engañado por lo pagado por el Minerval. Tampoco la UIB, personada como acusación particular, y Lipopharma, una empresa vinculada inicialmente a Escribá, se han declarado perjudicados en este sentido.
El juez Morell archivó el caso al entender que no se había producido estafa, pero ordenó remitir las actuaciones a la Agencia Española del Medicamento para esclarecer si el científico había cometido faltas administrativas al vender un medicamento no autorizado. La fiscal Concha Ariño recurrió el archivo y sostuvo que el imputado abusó de la debilidad de los enfermos de cáncer y sus parientes para engañarles con un remedio experimental. La Audiencia no compartió las tesis de la fiscal.
Por vía administrativa, a Escribá le pueden sancionar con elevadas multas económicas.
Otro extremo que cabe aclarar es quién compró el Minerval y por qué se pagó a la Fundación Marathon como si fueran donativos.
