Podemos y Més per Mallorca, en especial los econacionalistas, han salido esta mañana en defensa de la zonificación para el alquiler turístico anunciada la pasada semana por el Consell de Mallorca ante la avalancha de críticas que ha recibido. Joana Aina Campomar, diputada de Més per Mallorca, ha defendido la "apuesta" por hacer frente a un problema "teniendo en cuenta todos los intereses, desde los ambientales a los económicos" con una propuesta que busca "regular de forma coherente y equilibrada".

Campomar ha criticado especialmente al presidente de la Federación de Entidades Locales de Balears (Felib), el alcalde de Sencelles por El Pi, Joan Carles Verd, que ha exigido al Consell que "escuche las propuestas de los ayuntamientos ya que cada municipio es una realidad diferente" y ha criticado, entre otras cuestiones, la limitación de los 60 días. La diputada de Més ha acusado a Verd de utilizar una entidad pública como la Felib para posicionarse a favor de "un sector", actuando como "un tercer lobby" cuando su función es "defender los intereses generales y a todos los alcaldes".

Más suave ha sido ante las críticas del GOB y TerraFerida. "Las respetamos pero no las compartimos", ha dicho Campomar quien ha resaltado que por primera vez se ha puesto sobre la mesa una zonificación con indicadores, "De lo que no nos pueden acusar es de no querer afrontar el problema", ha añadido antes de recordar que ahora los ayuntamientos trasladarán su opinión al Consell, que está "abierto" a escucharlos.

La zonificación planteada por el Consell no será definitiva al menos hasta el verano, ya que en el primer semestre del año será ratificada o modificada por el Plan de Intervención de Ambitos Turísticos (PIAT) y la institución insular tiene previsto reuniones con todos los municipios para que planteen sus objeciones.

En este sentido, el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, ha mostrado la "satisfacción" de su partido porque el Consell haya presentado la zonificación "en el plazo" al que se había comprometido, a la vez que ha recordado que se trata de una medida "provisional", y ha confiado en que "cuando sea definitiva, atendiendo a un techo de plazas razonable", tenga especial relevancia el "derecho a la vivienda" como el principal parámetro.