El Parlament creará una comisión no permanente para analizar el origen de los 9.000 millones de deuda pública que acumula el Govern, una iniciativa que forma parte de los acuerdos de gobernabilidad entre PSIB, Més y Podemos, que ayer registraron en la Cámara balear la propuesta. Vicens Thomàs (PSIB), Laura Camargo (Podemos) y David Abril (Més) recordaron que el pago de la deuda representa el 20 por ciento (unos mil millones de euros al año) del presupuesto anual de la Comunidad Autónoma, lo que reduce la capacidad de inversión en servicios como la sanidad o la educación.

"Una buena parte de esta deuda es más que cuestionable", afirmaron los representantes del Pacto. En este sentido resaltaron que la deuda derivada de "la corrupción y el gasto negligente" puede estar entre los 200 y 400 millones de euros y la conocida como "deuda histórica", por las transferencias mal dotadas en su día de sanidad y educación, representan unos 583 millones a lo que añaden unos 1.000 millones en proyectos iniciados por el Govern como inversiones estatutarias y que el Estado no ha pagado.

Gasto financiero

Junto a ello, destacaron el gasto financiero de esta deuda, que suponía entre 2 y 3 millones de euros diarios de pago a las entidades financieras y que con el acceso al Fondo de Liquidez Autonómico estatal se ha rebajado a entre 1,5 y 2 millones, pero a cambio de condiciones como la de incrementar el gasto farmacéutico.

En el caso de la deuda derivada de la "corrupción y gasto negligente", incidieron en que, además de actuaciones que puedan ser delictivas, también está la negligencia, lo que implica una "responsabilidad política" por decisiones que hayan supuesto un incremento de esta deuda. La comisión, en su plan de trabajo, planteará comparecencias de responsables.

Vicens, Camargo y Abril afirmaron que "la ciudadanía tiene derecho a saber" cómo le afecta la deuda en los servicios que deja de recibir, en especial por la deuda considerada "ilegítima". Junto a ello, Thomàs recordó que unos 5.000 millones de total de la deuda procede de "la infrafinanciación de la Comunidad Autónoma" por lo que el Govern ha planteado al Gobierno central la condonación de esta esta cantidad.