El Parlament creará una comisión no permanente para analizar el origen de los 9.000 millones de deuda pública que acumula el Govern, una iniciativa que formaba parte de los acuerdos de gobernabilidad entre PSIB, Més y Podemos, partidos que esta mañana han registrado en la Cámara balear la propuesta. Vicens Thomàs (PSIB), Laura Camargo (Podemos) y David Abril (Més per Mallorca) han recordado que el pago de la deuda representa el 20 por ciento del presupuesto anual de la Comunidad Autónoma (unos 1.000 millones de los 5000 que aproximadamente suponen los presupuestos), lo que reduce la capacidad de inversión en servicios como la sanidad o la educación.

"Una buena parte de esta deuda es más que cuestionable", han afirmado los representantes del Pacto. En este sentido han resaltado que la deuda derivada de "la corrupción y el gasto negligente" puede estar entre los 200 y 400 millones de euros y la conocida como "deuda histórica", por las transferencias mal dotadas en su día de sanidad y educación, representan unos 583 millones de euros, a lo que añaden unos 1.000 millones en proyectos iniciados por el Govern como inversiones estatutarias y que el Estado no ha pagado. Junto a ello, han destacado lo que supone el gasto financiero de esta deuda, que representaba entre 2 y 3 millones de euros diarios de pago a las entidades financieras y que con el acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) estatal se ha rebajado a entre 1,5 y 2 millones de euros diarios, pero a cambio de condiciones como la de incrementar el gasto farmacéutico.

En el caso de la deuda derivada de la "corrupción y gasto negligente", han incidido en que, con independencia de que se trate de actuaciones que puedan ser delictivas en cuyo caso queda en manos de los tribunales, también está la negligencia, lo que implica una "responsabilidad política" por decisiones que hayan supuesto un incremento de esta deuda. La comisión, en su plan de trabajo, planteará comparecencias, aunque Abril ha recordado que los exresponsables políticos no están obligados a dar explicaciones al Parlament. Camargo, por su parte, ha dado por hecho que el PP previsiblemente se opondrá a que se cree esta comisión, ya que buena parte de "los sobrecostes y seguramente parte de la deuda ilegítima" apuntará directamente a la gestión de los populares. No obstante, los partidos de Pacto cuentan con mayoría en la Camara para hacer que la comisión se constituya.

Vicens, Camargo y Abril han coincidido en que la realización de una auditoría de la deuda balear es necesaria porque "la ciudadanía tiene derecho a saber" cómo le afecta en los servicios que deja de recibir, en especial por la deuda considerada "ilegítima", y porque se trata de un ejercicio de "transparencia necesario". A ello han añadido que en estos momentos el Govern está negociando con el Gobierno central un nuevo REB y un nuevo sistema de financiación, para lo cual ha de disponer de "instrumentos rigurosos" para negociar. En este sentido, Vicens Thomàs ha recordado que, según los cálculos de la conselleria de Hacienda, unos 5.000 millones de total de la deuda procede de "la infrafinanciación de la Comunidad Autónoma" por lo que el Govern ha planteado al Gobierno central la condonación de esta parte de la deuda.