La implicación de Joan Pol en el 'caso Bomsai' le ha costado 3.600 euros. El director general de Emergencias durante la segunda legislatura de Jaume Matas (PP) fue condenado ayer a pagar esta multa por cobrar 120.000 euros al asesorar ilegalmente a una de las empresas que participaba en la construcción del nuevo parque de bomberos de Palma. Pol admitió los hechos y se declaró autor de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Un responsable de esta compañía reconoció ante el juez que camuflaron el trabajo de asesoría del exdirector general con facturas fraudulentas y aceptó una multa de 10.800 euros por falsedad. El fallo inhabilita a Pol para cualquier cargo público de designación política durante dos años, pena que no le obliga a abandonar su puesto actual de jefe de servicio en la conselleria de Interior.
La sentencia es fruto de un acuerdo de conformidad alcanzado por los abogados defensores, Gaspar Oliver y José María Rebollo, el fiscal Juan Carrau y la letrada de la comunidad autónoma María Ángeles Berrocal, formalizada ayer en un juzgado de lo penal de Palma. La resolución da por probado que Joan Pol, como director general de Emergencias entre 2003 y 2007, fue miembro del consejo de administración de la entidad pública que adjudicó la construcción del parque de bomberos de Palma. Además, estuvo como técnico en la mesa de contratación que valoró las diferentes propuestas para llevar a cabo el proyecto. No podía, por tanto, asesorar a las personas y empresas que habían concurrido al concurso público.
Pese a esta prohibición, Pol asesoró a una de estas sociedades. La empresa se había descolgado del concurso público pero fue contratada después por la UTE que llevó a cabo las obras. El exdirector general de Emergencias percibió un total de 120.300 euros por este trabajo que, como refleja el pacto, no podía realizar ni legal ni reglamentariamente.
Los pagos a Pol se hicieron mediante tres facturas fraudulentas de 53.700, 32.300 y 34.3000 euros y a través de la sociedad Masal Urbis, en la que tenía participación. Para encubrir este trabajo ilegal, se simularon obras de reforma en la sede de Barcelona de la empresa a la que asesoró.
El acuerdo entre las partes aprecia la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, al entender que la causa judicial ha estado paralizada por causas no imputables a los dos condenados.
El 'caso Bomsai' estalló en el año 2010, cuando varios altos cargos del Govern de Matas fueron imputados por supuestos amaños en los concursos de las obras de construcción del parque de bomberos de Palma y la sede de la conselleria de Salud. Toda la causa quedó finalmente archivada en marzo del año pasado, excepto la pieza que afectaba a Joan Pol que ayer acabó en condena.
