La patronal que representa a la principal industria de Mallorca tiene nueva presidenta, María FronteraMaría Frontera, una profesional que conoce bien las virtudes, carencias y retos de futuro del sector, posee sobrada experiencia como empresaria y ha ejercido ya cargos de responsabilidad en la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. De carácter abierto y dialogante, Frontera llega además a la entidad sin tutelas directas de grandes grupos hoteleros, aunque en su junta se siente Simón Pedro Barceló, y con la suficiente personalidad y trayectoria para saber defender los intereses de todo el sector, sin que el peso de las grandes cadenas se imponga como una obligación al equilibrio de una negociación.
Su principal reto, o al menos uno de ellos, es una cuestión de imagen que lastra a los hoteleros y cuyas consecuencias sus dirigentes se han ganado a pulso. La patronal no puede pasar de la guerra al idilio con cada cambio de Ejecutivo, de ser el Gobierno de los hoteleros cuando manda la derecha al frente de vanguardia cuando lo hace la izquierda. Criticar la ecotasa le va en el sueldo, como el presidente de una patronal del transporte echaría pestes contra el Ejecutivo que disparara el precio de los carburantes. Pero se agradece últimamente el tono más moderado, casi descreído. Al fin y al cabo, los hoteleros mallorquines han hecho fortuna en países que multiplican por veinte el precio de la escuálida ecotasa balear.
De ese error estratégico repetido durante demasiado tiempo surgen prejuicios e ideas preconcebidas que a menudo se utilizan como arma política en su contra, pese a haber firmado para este año la mayor subida de sueldos para los trabajadores del sector en España o ejecutar en las últimas cuatro temporadas renovaciones de la planta hotelera, que han servido incluso para reactivar el empleo en Baleares y el sector de la construcción.
En las islas los intereses empresariales del sector y los de la ciudadanía no siempre son divergentes, como se creen los diputados de Podemos y repiten en el Parlament en cuanto tienen ocasión. 130.000 personas dependen directamente de esa actividad. Por tanto, el diálogo fluido con la Administración debería ser una obligación primordial. Todos saldríamos beneficiados.
