Una versión moderna del cuento de Pedro y el lobo podría titularse Armengol y el ministro. El pastor pidió tantas veces auxilio sin necesidad que, el día que de verdad vino la fiera, nadie atendió sus súplicas. A la presidenta del Govern le sucede exactamente lo mismo con respecto a Cristóbal Montoro. Ha clamado en tantas ocasiones contra el devorador de autonomías que ya no sabemos si creerla. Ha exprimido con tanta reiteración el argumento del maltrato económico que somos incapaces de discernir cuándo tiene razón o nos encontramos ante una nueva entrega del “Madrid me mata”.
Hagamos un repaso nada exhaustivo de las declaraciones anti-Montoro de Armengol. En agosto de 2015, recién asumida la presidencia del Govern, ya enviaba el primer recado a Mariano Rajoy y a su ministro: mejorar la financiación, aumentar las inversiones estatales y aprobar un Régimen Especial Balear (REB). Si evaluamos la labor de los políticos por los resultados, el suspenso es de capirote y castigo de cara a la pared. Ante la acumulación de calabazas, ha recurrido a la estrategia de salvación de los malos alumnos: la culpa es del profesor.
En octubre del primer año del francinismo reclamó 309 millones de euros de un supuesto convenio viario. Un mes después dijo que exigiría este dinero en los tribunales. No se ha hecho porque no hay convenio. Solo un protocolo. La presidenta ha esgrimido esta semana una sentencia ganada, pero relativa a un convenio anterior.
Un paréntesis en el pulso del Govern con Montoro. Armengol anunció para 2016 una auditoría para analizar por qué vericuetos autonómicos se habían escurrido los casi 9.000 millones de euros de deuda. Una base para exigir lo que se hubiera extraviado y para corregir errores. ¿Alguien conoce el resultado de la auditoría? Imposible, porque no se ha encargado.
Hacienda anunció en diciembre de 2015 que daría cada año 80 millones más a Balears y que abonaría 240 pendientes. Pero no hubo idilio porque cuatro meses después, Catalina Cladera recibió dos cartas exigiéndole que congelara los gastos para cumplir el objetivo de déficit. El Govern se declaró en rebeldía contra las “medidas coercitivas” de Montoro y le acusó de “criminalizar a las islas”. La presidenta sentenció: “Le hemos dicho un no rotundo a recortar más a los ciudadanos en los servicios públicos”.
Balears retaba, pese a todo, a Rajoy e incrementaba en julio de 2016 el presupuesto del año siguiente en 200 millones. Gracias, eso sí, al incremento de la recaudación de los tributos propios, a la ecotasa y al pago de convenios atrasados. Parecía que entrábamos en la Arcadia feliz sin ayuda de Montoro. ¿Para qué ir a la guerra si disfrutábamos de un presupuesto expansivo? Pues sí. Montoro siempre saca el lado más agresivo del Govern. Dos meses después Pilar Costa y Catalina Cladera vuelven a demonizar al ministro y le acusan de “chantaje”, porque bloquea las cuentas autonómicas al no aclarar cuánto dinero transferirá para cubrir los servicios públicos.
La relación de encontronazos podría seguir hasta esta misma semana, en la que Montoro recortó en 67 millones la aportación del Estado a Balears. Armengol volvió a despotricar, se reunieron y se sonrieron y volvieron a prometer un nuevo REB, esta vez para el año… ¿qué importa el año si no se va a cumplir? Si se logra un acuerdo, será mero maquillaje para que unos (la izquierda gobernante) y otros (la derecha aspirante) lo vendan ante los electores.
Montoro es el ministro de Hacienda más vilipendiado desde los tiempos del mallorquín Miguel Cayetano Soler (1746-1808), que fue asesinado por una turba irritada con su decisión de crear un impuesto sobre el vino. No se discute la injusta financiación de Balears. Se cuestiona el lanzarse una y otra vez de cabeza contra el mismo muro. La repetición del discurso y de la diana contra la que se dispara. Hay tanta reiteración que es lícito suponer que, tras ella, se esconden el fracaso y la incapacidad manifiesta para urdir nuevas estrategias políticas. ¿No ha llegado la hora de dejar en paz al vampiro Montoro?
